El Gobierno fragmenta la reforma del alquiler y posterga las medidas de mayor calado para un segundo decreto

El Ejecutivo ha iniciado el proceso legislativo para modificar la regulación del mercado del alquiler mediante la aprobación de dos reales decretos con alcances diferenciados. Tras su paso por el Consejo de Ministros, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado únicamente el primero de ellos, mientras que el segundo, que contempla las medidas más restrictivas para los propietarios, permanece a la espera de su publicación y posterior validación en el Congreso de los Diputados.

El primer paquete de medidas, ya en vigor, establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de arrendamiento y fija límites a las subidas anuales de las rentas. Pese a su publicación oficial, este texto no cuenta todavía con los apoyos parlamentarios garantizados para superar el trámite de convalidación en la Cámara Baja, lo que mantiene una cuota de incertidumbre sobre su permanencia en el ordenamiento jurídico.

Por su parte, el segundo decreto, cuya tramitación se ha postergado, introduce cambios de carácter estructural en la relación contractual. El texto plantea la renovación automática de los contratos una vez finalizado el periodo obligatorio. Según la propuesta, si el arrendador optase por no renovar el vínculo sin que medie una de las causas justificadas previstas, deberá abonar al inquilino una compensación económica equivalente a un mínimo de 12 mensualidades de renta.

La división de la reforma en dos textos legales ha evidenciado las diferencias de criterio dentro de la coalición de Gobierno. Mientras que el sector representado por Sumar sostiene que estas medidas resultan esenciales para equilibrar la posición de los inquilinos frente a los propietarios, la parte socialista ha mostrado mayor cautela. Esta postura se ha materializado en el desplazamiento de las medidas más intervencionistas a un segundo decreto que, a priori, afronta un escenario de mayor dificultad para obtener el respaldo mayoritario del Pleno.

En el arco parlamentario, diversos grupos han manifestado su inquietud ante las posibles consecuencias de la nueva regulación. Las críticas se centran en el impacto que la obligatoriedad de las indemnizaciones y las prórrogas automáticas podrían tener sobre la oferta. Sectores de la oposición y algunos socios habituales del Ejecutivo advierten de que este incremento de la presión sobre los propietarios podría incentivar la retirada de inmuebles del mercado de alquiler, contraviniendo el objetivo final de facilitar el acceso a la vivienda.

El futuro de ambas normativas queda ahora supeditado a las negociaciones en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno deberá recabar los votos necesarios en un clima de intenso debate técnico y político sobre la eficacia de los controles de precios y las garantías contractuales en el sector inmobiliario.