El juez del caso Koldo solicita a Hacienda los expedientes fiscales de las constructoras investigadas
El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha requerido a la Agencia Tributaria la remisión de los expedientes completos de diversas empresas constructoras correspondientes a los ejercicios fiscales de 2021, 2022 y 2023. Esta medida se enmarca en la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del entonces Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (MITMA).
En el auto judicial, el instructor detalla que las actuaciones se centran en un posible favorecimiento recurrente a determinadas mercantiles para la obtención fraudulenta de licitaciones. Entre las sociedades señaladas destacan Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción, y Regadíos, las cuales habrían resultado adjudicatarias de los proyectos bajo sospecha durante el periodo analizado.
El juez Moreno ha solicitado específicamente a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) los informes relativos a MER Construcción y a las citadas sociedades. El objetivo de este requerimiento es facilitar el descubrimiento y la comprobación de posibles infracciones penales, basándose en la existencia de lo que el magistrado califica como indicios objetivos y no meras sospechas de criminalidad.
La investigación apunta a la presunta comisión de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Según el escrito judicial, estas actividades habrían sido lideradas fundamentalmente por el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García. Asimismo, el auto menciona como facilitadores de la trama a otros investigados, entre ellos la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero.
De forma complementaria, el magistrado ha instado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a facilitar información sobre un expediente de la Agencia Valenciana Antifraude relacionado con un convenio entre Adif y el Ayuntamiento de Albal. Esta línea de investigación busca determinar si existieron irregularidades en la liquidación de dicho acuerdo en conexión con los principales implicados de la causa.
Finalmente, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha ordenado que toda la documentación remitida por la Agencia Tributaria sea trasladada a la Guardia Civil. El instituto armado será el encargado de elaborar un informe exhaustivo tras analizar los datos laborales, fiscales y financieros, con el fin de consolidar la tesis sobre la operativa económica de la presunta red corrupta.
