Un testigo señala ante la Audiencia Nacional presuntas gestiones de una exmilitante del PSOE en nombre de Presidencia
Un colaborador de la Guardia Civil ha prestado declaración este miércoles ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el marco de una investigación sobre una presunta trama dedicada a interferir en causas judiciales vinculadas al entorno del Gobierno. Durante su comparecencia, el testigo ha afirmado que la exmilitante socialista Leire Díez solicitó su intermediación invocando una supuesta relación directa con el presidente del Ejecutivo y la dirección general de la Guardia Civil.
Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, el compareciente explicó que Díez le pidió ayuda en nombre de una figura a la que denominaba internamente como «el uno», término que ella habría identificado expresamente con Pedro Sánchez. El testigo añadió que la exmilitante aseguró encontrarse en contacto permanente con la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para coordinar diversas gestiones.
Ante la relevancia de estas peticiones, el testigo optó por consultar la identidad y el peso real de Díez con el exasesor ministerial Koldo García, a quien conocía previamente por su labor en la lucha antiterrorista. De acuerdo con el testimonio aportado al juez Pedraz, García le habría confirmado que Leire Díez era una persona con una influencia significativa dentro del PSOE, vinculada al secretario de Organización, Santos Cerdán, y con capacidad para acceder a los niveles superiores de la formación política.
La declaración judicial también ha profundizado en el nexo entre los implicados en la causa. El testigo reconoció haber sido la persona que facilitó el contacto entre Leire Díez y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba. Este oficial permanece actualmente bajo investigación por el presunto cobro de pagos irregulares a cambio de proporcionar seguridad y cobertura a los integrantes de la red investigada en el denominado «caso Koldo».
El magistrado Santiago Pedraz mantiene abierta esta pieza para esclarecer si existió una estructura organizada con el objetivo de boicotear diligencias judiciales y proteger a cargos públicos de posibles procesos penales. La comparecencia de este miércoles refuerza la línea de investigación que trata de discernir si las influencias alegadas por los integrantes de la trama eran reales o formaban parte de un mecanismo de presión hacia funcionarios e instituciones del Estado.
