La Audiencia Nacional indaga la presunta trama para obtener información comprometedora sobre la juez Alaya

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha tomado declaración este viernes en calidad de testigo a un agente de la Policía Nacional presuntamente contactado por la exmilitante socialista Leire Díez. Según los informes remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el objetivo de estos contactos habría sido la obtención de información sensible para comprometer la reputación de la magistrada Mercedes Alaya, instructora original del caso ERE.

El compareciente, identificado como Rafael Salvador —a quien los investigados se referían supuestamente con el alias de «Torrente»—, habría mantenido al menos tres encuentros con Díez entre los años 2020 y 2024. Los investigadores basan estas pesquisas en grabaciones halladas en posesión de la propia exmilitante, que documentarían reuniones celebradas en Sevilla, Madrid y Zaragoza con el fin de cuestionar las investigaciones judiciales lideradas por Alaya en causas que afectaban a antiguos cargos de la Junta de Andalucía.

La diligencia judicial se enmarca en la instrucción del denominado «caso Leire», una causa que rastrea presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas y una supuesta red dedicada a interferir en procedimientos judiciales que pudieran perjudicar al entorno del Gobierno o al PSOE. Entre las pruebas aportadas por la Benemérita figuran mensajes enviados por Díez al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, en los que aseguraba disponer de datos sobre la magistrada y afirmaba que «nos ocuparemos de que el tumor se extirpe».

Asimismo, los informes de la UCO recogen que la exmilitante habría trasladado al agente policial que la información obtenida en sus encuentros iniciales ya había sido comunicada a personas en «posiciones elevadas» con capacidad para ejecutar decisiones y tomar medidas. Estas comunicaciones sugerían un plan coordinado para deslegitimar no solo la instrucción de los ERE, sino también otras causas dirigidas por Alaya como el caso Isofotón o las irregularidades en la mina de Aznalcóllar.

Por otra parte, la agenda de declaraciones de esta jornada ha sufrido una modificación de última hora. La comparecencia de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, prevista inicialmente para este viernes, ha sido pospuesta hasta el próximo 15 de julio debido al fallecimiento de su madre. Con el testimonio del agente Salvador, el magistrado Pedraz concluye una ronda de cuatro días consecutivos de testificales orientadas a esclarecer el alcance de esta presunta trama de boicot judicial.

El «caso Leire» continúa su avance procesal mientras se analizan nuevos dispositivos electrónicos. En paralelo, la Guardia Civil ha solicitado recientemente el análisis de los terminales telefónicos de otros implicados, incluyendo exmiembros del gabinete de la Presidencia del Gobierno, para determinar si existió una estructura superior que amparase las maniobras de obtención de información y presión sobre el estamento judicial.