La Audiencia de Tarragona inhibe al Tribunal Supremo la decisión sobre la competencia del ‘caso Montoro’

La Audiencia de Tarragona ha resuelto elevar al Tribunal Supremo la decisión sobre qué órgano judicial debe asumir la instrucción de la causa penal que afecta al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El tribunal provincial ha rechazado pronunciarse sobre la cuestión de competencia planteada por las defensas, argumentando que la controversia entre los juzgados de instrucción de Tarragona y Madrid debe ser dirimida por el órgano jerárquico superior común, en este caso, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El auto judicial responde a las solicitudes de inhibición presentadas por los investigados, entre los que se encuentra el propio Montoro, quienes han pedido formalmente el traslado del expediente a los juzgados de la capital española. Los magistrados de la Audiencia de Tarragona consideran que, al tratarse de una disputa competencial entre órganos judiciales pertenecientes a distintas comunidades autónomas, ni la propia Audiencia ni el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) poseen la potestad legal para resolver el conflicto.

La investigación se centra en una presunta trama de corrupción en la que se analiza si el exministro de Hacienda impulsó reformas legislativas para favorecer a determinadas empresas del sector gasista. Según la tesis de la investigación, estos beneficios se habrían producido presuntamente a cambio del pago de comisiones al despacho Equipo Económico, consultora fundada por Montoro. Entre las entidades bajo sospecha figura la AFGIM, asociación que agrupa a las empresas que supuestamente resultaron beneficiadas por los cambios normativos.

Las defensas de los encausados sostienen que la competencia recae en Madrid basándose en que Equipo Económico tiene su sede única y centro de trabajo en la capital. Asimismo, argumentan que tanto el Ministerio de Hacienda como las Cortes Generales, donde se tramitaron las leyes objeto de investigación, se ubican en Madrid. Subrayan además que las reuniones entre los representantes de las gasistas y la consultora habrían tenido lugar en la capital, restando peso a la conexión con Tarragona.

Por su parte, la causa en Tarragona tiene su origen en el año 2018, cuando el juzgado de instrucción número dos inició las pesquisas a raíz de hallazgos casuales derivados de otro procedimiento judicial. Aunque algunas de las empresas investigadas poseen domicilio social en la provincia catalana, las defensas consideran que este vínculo es insuficiente para mantener allí la instrucción de un caso cuyo núcleo operativo se sitúa, a su juicio, en el ámbito institucional de Madrid.

El procedimiento, que permaneció bajo secreto de sumario hasta el pasado año, se encuentra actualmente en una fase donde restan diligencias clave por practicar. Entre las actuaciones pendientes destaca la declaración de los principales investigados, incluido el exministro Cristóbal Montoro, cuya comparecencia queda ahora supeditada a la resolución que adopte el Tribunal Supremo sobre la ubicación definitiva de la causa.