Un perito forense cuestiona en el Senado los criterios contables aplicados al rescate de Plus Ultra
El presidente de Martín Molina Abogados y Economistas, Pedro Martín Molina, ha comparecido este martes ante la comisión de investigación del Senado sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Durante su intervención, el experto forense ha puesto en duda la idoneidad de la aerolínea Plus Ultra para acceder a los fondos públicos y ha señalado diversas anomalías en el proceso judicial que derivó en el desbloqueo de los últimos 34 millones de euros del rescate estatal.
Martín Molina ha defendido las conclusiones de su informe pericial, en el cual se determinó que la aerolínea se encontraba «en crisis» a fecha de 31 de diciembre de 2019. Según el compareciente, la interpretación de determinados criterios contables y financieros resultó determinante para que la compañía cumpliera formalmente con los requisitos exigidos por la normativa europea para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, evitando una situación de insolvencia técnica previa a la pandemia.
En este sentido, el perito ha detallado ante la Cámara Alta que el análisis de diversos escenarios contables —relacionados con préstamos participativos, provisiones y operaciones financieras— evidenció alteraciones sustanciales en el resultado final de los balances de la mercantil. Martín Molina ha admitido que, si bien no empleó el término «maquillaje contable» en su informe, las decisiones financieras adoptadas pudieron ser utilizadas para modificar la apariencia de la solvencia real de la aerolínea en el momento de solicitar la ayuda.
Asimismo, el experto ha expresado su «sorpresa» por diversas circunstancias ocurridas durante la instrucción judicial del caso. En particular, ha calificado de inusual el hecho de que una de sus intervenciones como perito ante el juzgado no fuera grabada. Según su testimonio, en su trayectoria profesional nunca había presenciado que una comparecencia de dos horas de interrogatorio careciera de registro audiovisual, lo que a su juicio permitió que las partes conocieran su informe previamente a la siguiente sesión.
Por otro lado, el compareciente ha incidido en la decisión de liberar los 34 millones de euros restantes del rescate —que ascendió a un total de 53 millones— mientras la jueza titular se encontraba de vacaciones. Martín Molina ha señalado que el magistrado sustituto fue quien autorizó el pago, el cual permanecía bloqueado cautelarmente, coincidiendo con un cambio de criterio en la postura de la fiscalía durante el mes de julio de 2021.
La sesión también ha hecho referencia a las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre presuntas influencias en el proceso. Estas menciones se producen en el contexto de la reciente apertura de expedientes gubernativos a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y a la fiscal María Luisa Llop, tras aparecer mencionadas en conversaciones telefónicas intervenidas dentro de la investigación judicial del caso Plus Ultra.
Con esta comparecencia, la comisión de investigación del Senado continúa analizando los procedimientos internos de la SEPI y los mecanismos de control que permitieron la concesión de ayudas públicas a empresas durante la crisis sanitaria, bajo el foco de posibles irregularidades administrativas y contables.
