El Gobierno de España retomará el próximo 22 de septiembre la defensa de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea. El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha confirmado que la cuestión será incluida en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales que se celebrará en Bruselas, vinculando la resolución de esta demanda histórica a los futuros procesos de ampliación del bloque comunitario.
La estrategia del Ejecutivo español consiste en situar el reconocimiento de las lenguas cooficiales como un paso previo necesario antes de que la Unión Europea incorpore a nuevos Estados miembros, como Albania o Montenegro. Sampedro, tras una reunión informal en Dublín, defendió que las lenguas que ya son oficiales en un Estado miembro desde hace cuatro décadas deben ser integradas en el reglamento comunitario antes de que se sumen los idiomas de los países candidatos.
La inclusión del asunto en la agenda ministerial se plantea bajo el epígrafe de «lenguas oficiales y ampliación». No obstante, la delegación española no solicitará una votación inmediata ni espera un debate de fondo exhaustivo en esta sesión. Se trata de un punto de información en el que España hará balance de la situación tras más de un año sin que la cuestión se abordara a nivel de ministros, debido a la falta de la unanimidad necesaria entre los Veintisiete.
El principal obstáculo para la solicitud española sigue siendo la reserva técnica y jurídica de varios socios europeos, encabezados por Alemania. Estos países sostienen que la oficialidad de estas lenguas podría requerir una reforma de los Tratados de la Unión y sentar un precedente para otras lenguas minoritarias en el resto del continente. Pese a las reuniones bilaterales mantenidas por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con su homólogo alemán, la postura de Berlín se mantiene en la exigencia de mayores garantías legales.
Para mitigar las reticencias económicas y administrativas, el Gobierno de España ha propuesto un plan de implementación gradual. Esta hoja de ruta sugiere que la oficialidad sea parcial a partir de 2027, limitando inicialmente la traducción a los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que representa apenas un 3% del total de actos jurídicos. Asimismo, España se ha comprometido a sufragar íntegramente los costes derivados, que la Comisión Europea estima en unos 132 millones de euros anuales.
Esta iniciativa legislativa se remonta a agosto de 2023, cuando el Ejecutivo central solicitó la modificación del reglamento lingüístico de la UE en el marco de los acuerdos parlamentarios alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez. Desde entonces, el asunto ha sido elevado al Consejo en diversas ocasiones durante las presidencias de España, Bélgica, Polonia y Dinamarca, sin que hasta la fecha se haya logrado el consenso total exigido por los tratados europeos.
