CCOO exige responsabilidades al Ministerio del Interior por la actuación policial durante la huelga del 11 de noviembre
El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha reclamado este miércoles la asunción de responsabilidades y dimisiones en el seno del Ministerio del Interior tras la intervención policial registrada en Madrid durante la jornada de huelga general del pasado 11 de noviembre. Sordo ha advertido que, de no identificarse a los responsables operativos de las cargas, la responsabilidad institucional recaerá directamente sobre el ministro Fernando Grande-Marlaska.
En una comparecencia ante los medios, el dirigente sindical ha calificado de «absolutamente injustificada» y «desproporcionada» la actuación de las Unidades de Intervención Policial (UIP) al término de la manifestación en la capital. Según Sordo, la movilización, que ha descrito como «cívica y tranquila», se vio alterada por el uso de gases lacrimógenos y material antidisturbios, lo que, a su juicio, generó una situación de riesgo innecesaria para los miles de ciudadanos presentes.
La organización sindical ha instado a la Administración a esclarecer «quién y por qué» tomó las decisiones operativas que derivaron en los incidentes de la Gran Vía. En este sentido, Sordo ha cuestionado si los hechos respondieron a una «directriz política» o a una «actuación policial autónoma con intenciones políticas», insistiendo en la necesidad de que se produzcan ceses inmediatos entre los mandos responsables de la gestión del orden público durante esa jornada.
Para el líder de CCOO, la intervención policial podría haber tenido como objetivo modificar el impacto comunicativo de la huelga general. Sordo ha sugerido que se intentó sustituir la «foto icónica» de una jornada de protestas masivas y pacíficas por una imagen de disturbios y confrontación en el centro de Madrid, alterando así la percepción pública sobre el desarrollo del 11 de noviembre.
Por último, el sindicato ha reiterado su compromiso con la transparencia en las actuaciones administrativas y ha avanzado que seguirán exigiendo explicaciones detalladas sobre los protocolos aplicados, con el fin de garantizar que el derecho de manifestación pueda ejercerse sin que se repitan intervenciones de esta naturaleza en futuras convocatorias.


