lunes, noviembre 16, 2026
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Centro de deportación en Ruanda: 5 países de la UE lo pactan

Cinco países de la Unión Europea y Ruanda acuerdan la creación de un centro de retorno para solicitantes de asilo rechazados

Los Gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y los Países Bajos han formalizado un acuerdo con el Ejecutivo de Ruanda para la puesta en marcha de un «centro de retorno» destinado a solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido denegadas en territorio de la Unión Europea. El proyecto, anunciado este lunes en Viena por el canciller federal austríaco, Christian Stocker, tiene como objetivo entrar en funcionamiento en el año 2027.

Durante la presentación de la iniciativa, tras una reunión con los ministros del Interior de las naciones implicadas y representantes del Gobierno ruandés, Stocker calificó el acuerdo como un «cambio de paradigma verdaderamente histórico» en la política migratoria europea. Esta medida busca establecer un mecanismo para gestionar a las personas que carecen de derecho de residencia en la Unión Europea y que no pueden ser repatriadas directamente a sus países de origen.

El canciller austríaco fundamentó la decisión en la necesidad de desarticular el modelo de negocio de las redes de tráfico de personas y reducir la mortalidad en las rutas migratorias, especialmente en el Mediterráneo. Según la declaración oficial, el alivio de la presión sobre las capacidades de acogida de los Estados miembros, que se han visto tensionadas en los últimos años, es otra de las prioridades estratégicas de este bloque de cinco naciones.

«Si las personas sin derecho de residencia en la Unión Europea no pueden ser expulsadas, todo nuestro sistema de asilo se convierte en un absurdo», señaló Stocker ante los medios de comunicación. El mandatario subrayó que, en los casos donde el retorno al país de origen no sea viable, los individuos serán trasladados en el futuro a un tercer país, señalando a Ruanda como el primer socio colaborador para este modelo de gestión externa de las fronteras.

La propuesta refuerza la tendencia hacia la externalización de los procesos migratorios que varios Estados miembros han comenzado a explorar para garantizar la efectividad de las órdenes de expulsión. El acuerdo establece que la infraestructura en el país africano servirá como centro logístico para asegurar que quienes no obtengan el estatus de refugiado abandonen el suelo europeo, bajo la premisa de mantener el control nacional y regional sobre las políticas de asilo.

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