CEOE y Cepyme califican de «inadmisible» la huelga general y cuestionan su encaje jurídico

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han manifestado este martes su rechazo frontal a la huelga general anunciada por los sindicatos mayoritarios. Las patronales han calificado la convocatoria de «inadmisible», argumentando que la movilización busca trasladar al sector privado el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Ejecutivo en materias ajenas al ámbito estrictamente laboral.

Según el comunicado oficial emitido por ambas organizaciones, el núcleo de la movilización persigue forzar cambios legislativos y de índole presupuestaria en materia de vivienda. Al ser estas cuestiones competencia exclusiva de la Administración, las organizaciones empresariales sostienen que las reivindicaciones «no son, en esencia, de naturaleza laboral» y, por tanto, quedan fuera del ámbito de gestión de las empresas españolas.

Las patronales han incidido en el impacto negativo que esta medida tendría sobre la actividad económica. En su análisis, consideran injustificado que se pretenda repercutir en los trabajadores y empleadores el coste de una protesta que señala directamente a la gestión del Gobierno. Asimismo, han recordado que la cercanía de los comicios del próximo 29 de noviembre desaconseja el uso de la economía como herramienta de influencia en un proceso que, a su juicio, debería desarrollarse bajo parámetros de sosiego y normalidad democrática.

Un punto crítico para CEOE y Cepyme es la validez legal de la convocatoria. Las organizaciones han puesto en duda el «encaje jurídico» de la huelga, subrayando que la información disponible hasta el momento no permite una valoración definitiva. Han puntualizado que la medida está pendiente de ratificación, carece de una fecha fijada y no se ha presentado todavía el preaviso formal exigido por la legislación vigente.

Finalmente, las cúpulas empresariales han anunciado que analizarán pormenorizadamente la convocatoria definitiva una vez se formalice. Su objetivo será examinar los fines concretos y el cumplimiento estricto de los requisitos legales para velar por la seguridad jurídica y el mantenimiento del normal funcionamiento del tejido productivo nacional frente a una movilización que consideran de carácter político.