La CEOE respalda la regularización de inmigrantes por necesidades laborales pero cuestiona el trámite parlamentario
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha manifestado su apoyo al proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno, vinculando esta medida a la crisis de natalidad y a la falta de mano de obra en sectores estratégicos. No obstante, el dirigente empresarial ha criticado que el Ejecutivo no haya sometido esta decisión al debate en las Cortes Generales ni al marco del diálogo social.
Durante su intervención en el foro ‘Wake Up!, Spain’, Garamendi subrayó que la falta de personal en ámbitos como el transporte y la hostelería hace necesaria la incorporación de nuevos trabajadores al mercado formal. En este sentido, instó al Gobierno a trabajar de forma conjunta para que el proceso de regularización se oriente específicamente hacia el empleo, facilitando que personas que ya operan en la economía sumergida puedan normalizar su situación contractual.
El líder de la patronal calificó como un paso positivo la rectificación del Ejecutivo en cuanto a la exigencia de antecedentes penales para los migrantes que soliciten la regularización. Según Garamendi, el mantenimiento de este requisito resulta lógico y necesario para el ordenamiento del proceso, celebrando que finalmente se haya incluido como condición indispensable en el procedimiento administrativo.
A pesar de compartir la finalidad de la medida, el presidente de la CEOE expresó su disconformidad con la exclusión del poder legislativo en la toma de decisiones. «Echo de menos que las instituciones que tenemos no participen en estos temas, que son temas de Estado», señaló Garamendi, haciendo referencia a la ausencia de participación del Congreso de los Diputados, del Senado y de los agentes sociales en la configuración de esta política migratoria.
Finalmente, el representante empresarial hizo un llamamiento al entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Garamendi abogó por que las dos principales formaciones políticas del país recuperen la capacidad de alcanzar pactos en materias estructurales, tal como se ha realizado en las últimas cinco décadas, ante la necesidad de abordar los desafíos demográficos y laborales desde un consenso institucional amplio.
