Testigos vinculan a Santos Cerdán con autorizaciones de gastos para Leire Díez ante la Audiencia Nacional
Dos empleadas del PSOE han testificado este martes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, señalando al ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, como el responsable directo de autorizar la compra de billetes de viaje y el acceso al aparcamiento de la sede de la calle Ferraz para la exmilitante Leire Díez. Según informan fuentes jurídicas, las trabajadoras han comparecido en calidad de testigos tras el levantamiento de su imputación previa por parte del magistrado.
Durante la sesión, las empleadas explicaron que el procedimiento para facilitar traslados y el uso de las instalaciones era de carácter excepcional, dado que Díez no formaba parte de la Ejecutiva Federal del partido. Según el relato proporcionado al juez, una vez que Cerdán emitía la autorización correspondiente, el departamento de administración procedía a ejecutar los pagos. Las testigos precisaron que su función se limitaba a la contratación de los viajes autorizados, sin tener conocimiento del objeto o la finalidad de los desplazamientos realizados por la exmilitante.
Respecto a la actividad en la sede central del PSOE, las declarantes ubicaron al menos dos o tres encuentros en los que participaron Santos Cerdán, el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos investigados en la causa. No obstante, subrayaron que estas reuniones no constaban en la agenda oficial del entonces número tres del partido y que Díez solía comunicar su entrada al garaje mediante mensajería instantánea tras recibir el visto bueno administrativo.
Las trabajadoras han aceptado facilitar a la justicia las comunicaciones mantenidas entre abril de 2024 y junio de 2025 con la gerencia del partido, el propio Cerdán y otros cargos investigados. Esta diligencia se enmarca en la investigación sobre una presunta trama que, según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría utilizado la estructura orgánica del PSOE para fines ilícitos relacionados con la protección de intereses ante diversas causas judiciales.
El juez Santiago Pedraz mantiene por el momento el criterio de que no existen indicios suficientes para considerar que las empleadas fueran conocedoras del «ilícito plan» que investiga la UCO bajo la cobertura de la Secretaría de Organización. En consecuencia, el magistrado ha denegado el clonado de sus teléfonos móviles, los cuales ya han sido devueltos a las trabajadoras tras permanecer bajo custodia policial durante las fases iniciales del procedimiento.
