Jupol exige el cese del jefe superior de Policía de Canarias por su presunta vinculación con el ‘caso Zapatero’

El sindicato Justicia Policial (Jupol), organización mayoritaria en el cuerpo, ha solicitado este martes la destitución inmediata del jefe superior de Policía de Canarias, el comisario Jesús Gómez Martín. La petición se fundamenta en la aparición del nombre del mando policial en diversos documentos judiciales y atestados de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de la investigación conocida como ‘caso Zapatero’.

Según los informes remitidos a la autoridad judicial, Gómez Martín habría facilitado presuntamente negocios de procedencia ilícita en el aeropuerto de Cuatro Vientos, en Madrid. Las investigaciones de la UDEF apuntan a que estas gestiones se habrían realizado a cambio de favores y gratificaciones por parte de la organización investigada en la trama de Plus Ultra, según consta en las comunicaciones intervenidas por los agentes especializados.

La trayectoria profesional del comisario Gómez Martín incluye su paso por la jefatura de la comisaría del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cargo que ocupaba durante el desarrollo del episodio denominado ‘Delcygate’. Su actual vinculación con las pesquisas de la Audiencia Nacional ha motivado que el sindicato policial reclame responsabilidades políticas y administrativas ante el Ministerio del Interior.

El procedimiento judicial continúa analizando la estructura de esta presunta red delictiva. En fechas recientes, las diligencias han revelado el hallazgo de importantes sumas de dinero en efectivo en posesión de personas identificadas como presuntos testaferros de la trama, lo que ha derivado en una ampliación de las investigaciones sobre el entorno de los implicados y las facilidades logísticas que habrían recibido.

Desde Jupol han instado a la Dirección General de la Policía a tomar medidas preventivas mientras se esclarece la participación del comisario en los hechos descritos por la UDEF. La organización sindical subraya la necesidad de preservar el prestigio de la institución frente a informaciones que vinculan a altos mandos con actividades bajo investigación judicial por delitos de corrupción económica.