La Delegación del Gobierno en Ceuta advirtió de una entrada masiva seis días antes del incidente

Un informe oficial de la Delegación del Gobierno en Ceuta, fechado el 24 de julio, alertó al Ejecutivo central sobre la probabilidad «altamente probable» de una entrada multitudinaria de inmigrantes, casi una semana antes de los sucesos registrados el 30 de julio. El documento, remitido al Ministerio de Política Territorial, preveía un escenario de saturación que podría derivar en el «colapso de las administraciones e instituciones» de la ciudad autónoma.

El informe fue elaborado por Gonzalo Sanz, entonces jefe de gabinete del delegado Miguel Ángel Pérez Triano, y dirigido al departamento que encabeza el ministro Ángel Víctor Torres. Esta comunicación oficial, que ya ha sido incorporada a la investigación que dirige la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, se produjo cinco días antes de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) emitiera sus propias alertas el 29 de julio.

En el contenido del documento se detallaba una situación de extrema gravedad, comparando la presión migratoria inminente con la crisis vivida en el año 2021. La Delegación advertía de que la magnitud de la llegada de personas no solo desbordaría los servicios públicos y los dispositivos de acogida, sino que supondría un «riesgo grave para la vida de los propios agentes» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la posibilidad de verse superados numéricamente.

Ante este diagnóstico, la administración local en Ceuta reclamó formalmente al Gobierno la movilización de refuerzos «a todos los niveles». Entre las medidas propuestas en el informe figuraba la habilitación urgente de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de carácter provisional para gestionar la primera asistencia.

Finalmente, el texto remitido al Ministerio de Política Territorial instaba a la búsqueda de fórmulas legales que permitieran agilizar los procedimientos de retorno a Marruecos. El objetivo de esta solicitud era minimizar el impacto de la entrada masiva sobre la infraestructura institucional y garantizar la seguridad en el perímetro fronterizo ante la previsión, finalmente cumplida, de una presión migratoria extraordinaria.