Ceuta recurre al Supremo por la «inactividad» del Estado en la tramitación de expedientes migratorios
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha acordado este martes la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la Administración General del Estado. La acción judicial se fundamenta en la presunta inactividad del Ejecutivo central para tramitar los expedientes administrativos de los inmigrantes adultos que accedieron a la ciudad durante la entrada irregular masiva registrada los días 30 y 31 de julio.
El portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, ha anunciado esta decisión tras la reunión del Consejo de Gobierno, subrayando que la medida se toma una vez agotado el plazo del requerimiento previo presentado el pasado 18 de septiembre. Dicho requerimiento instaba a la Administración General del Estado a dictar y notificar, en el periodo de un mes, resoluciones expresas sobre los procedimientos de expulsión, devolución o protección internacional de las personas que aún permanecen en la ciudad.
La administración local denuncia la falta de asignación y despliegue de los medios personales y materiales necesarios para resolver los expedientes dentro de los plazos legalmente establecidos. Según ha informado el Gobierno de la ciudad, hasta la fecha no se ha ejecutado ninguna devolución a Marruecos mediante procedimientos ordinarios de expulsión derivados de los hechos de julio. Los retornos contabilizados han sido de carácter voluntario o consecuencia de la comisión de actos delictivos.
Desde el Ejecutivo autonómico se advierte que la situación migratoria en Ceuta se ha «cronificado», señalando que la ciudad se encuentra lejos de recuperar la normalidad casi tres meses después de la entrada masiva. El recurso judicial se dirige específicamente a la gestión de los expedientes de ciudadanos mayores de edad, afectando tanto a las órdenes de retorno como a las solicitudes de protección internacional que se encuentran pendientes de resolución.
Con esta iniciativa, la Ciudad Autónoma busca que la vía judicial tutele el cumplimiento de las obligaciones competenciales del Estado en materia de extranjería, tras considerar que el silencio administrativo ante el requerimiento de septiembre confirma la parálisis en la gestión de la crisis migratoria de este verano.
