La justicia ordena la expulsión de ocho ciudadanos marroquíes tras diversas condenas penales en Ceuta
Ocho ciudadanos de nacionalidad marroquí que permanecían en Ceuta desde finales del pasado mes de julio han sido expulsados del territorio nacional en las últimas 48 horas. La medida responde a la ejecución de diversas sentencias judiciales firmes tras la comisión de actos delictivos en la ciudad autónoma, sustituyéndose las penas privativas de libertad por la salida obligatoria del país y la prohibición de retorno.
Según han informado fuentes del Tribunal de Instancia número 2 de Ceuta, las resoluciones han sido emitidas por el magistrado titular de la Sección Penal tras las detenciones practicadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los últimos meses. Entre los expulsados se encontraban dos individuos que permanecían en situación de prisión preventiva a la espera de juicio.
Los hechos que han motivado estas decisiones judiciales incluyen delitos de robo con violencia, lesiones y atentado contra agentes de la autoridad. En uno de los casos, dos individuos fueron condenados por un asalto violento ocurrido el 18 de agosto en la calle Capitán Claudio Vázquez. Asimismo, otros tres ciudadanos recibieron condenas de ocho meses de prisión por resistencia tras ocupar ilegalmente un solar de la antigua Fábrica de Harina y oponerse a su desalojo por parte de la Guardia Civil el pasado 14 de octubre.
El balance judicial también detalla agresiones directas contra efectivos policiales. Uno de los condenados recibió una pena de dos años y siete meses de prisión por delitos de atentado y lesiones graves tras arrojar al mar a un agente de la Guardia Civil en el muelle de la Puntilla. De igual modo, otro individuo fue sentenciado por agredir a tres agentes de la Policía Nacional en la barriada de Loma Colmenar, mientras que un último implicado fue procesado por hechos similares ocurridos en la Avenida de España a mediados de octubre.
En la totalidad de los expedientes, el magistrado ha acordado la sustitución de las penas de cárcel por la expulsión inmediata de España. Para la mayoría de los sentenciados, la prohibición de entrada en el territorio nacional se ha fijado en un periodo de cinco años, elevándose a siete años en el caso que presentaba una mayor gravedad penal.
Esta actuación se enmarca en los procedimientos ordinarios previstos en el Código Penal para ciudadanos extranjeros, permitiendo que las condenas por delitos menos graves o de cuantía inferior a seis años puedan ser canjeadas por la expulsión del país, garantizando así la ejecución de la sanción y la seguridad jurídica en la zona fronteriza.
