Ceuta cifra en 45,32 millones de euros el impacto extraordinario de la crisis migratoria de julio

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha remitido a la Audiencia Nacional un informe técnico que cuantifica en 45,32 millones de euros las necesidades económicas extraordinarias derivadas de la entrada masiva de migrantes ocurrida los días 30 y 31 de julio. El documento, elaborado por la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, responde al requerimiento judicial de la magistrada María Tardón para evaluar la afectación de los servicios públicos y los costes derivados de la emergencia.

La valoración económica presentada por el Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas abarca un periodo de cinco meses, desde el inicio de la crisis hasta el 31 de diciembre de 2026. Según el desglose financiero, 40,67 millones de euros corresponden a gasto corriente, mientras que 4,65 millones se clasifican como inversiones necesarias. La administración local ha subrayado que esta cifra no constituye una valoración completa del impacto total, ya que el informe excluye deliberadamente los costes de atención a menores extranjeros, las pérdidas de la Autoridad Portuaria y los perjuicios económicos sufridos por el sector empresarial y el empleo.

El bloque de mayor peso presupuestario se concentra en el área de medio ambiente, limpieza e instalaciones críticas, con una estimación de 31,7 millones de euros, lo que representa cerca del 70% del importe total. En este apartado destacan los trabajos de limpieza extraordinaria y encargos a medios propios, que suman 17 millones de euros. Asimismo, se han presupuestado siete millones de euros para la recuperación medioambiental de playas y montes, y cuatro millones adicionales para la gestión extraordinaria de residuos generados durante la crisis.

En el ámbito de la sanidad y los servicios sociales, el informe proyecta un gasto de 9,9 millones de euros. La partida más significativa dentro de este capítulo es la destinada a alimentación, con un presupuesto de 7,5 millones de euros. El resto de la dotación se distribuye en actuaciones de salud pública, refuerzo de la seguridad en cementerios y servicios funerarios, incluyendo 1,15 millones de euros para obras de emergencia destinadas a la ampliación del cementerio local.

Por su parte, el refuerzo de los servicios municipales de seguridad y emergencias —que engloba a la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y el Parque Móvil— supondrá un desembolso de 1,55 millones de euros en gasto corriente. A esta cantidad se suman 1,48 millones de euros vinculados al ámbito educativo, destinados principalmente a garantizar la seguridad en los centros escolares y la protección de sus infraestructuras.

El documento también contempla el impacto de la suspensión de las actividades de la Feria, con un total de 690.000 euros previstos para indemnizaciones. De esta cifra, 300.000 euros se destinan a los feriantes, 240.000 a los titulares de las casetas y 150.000 a las orquestas cuya contratación se vio afectada.

El informe remitido a la Audiencia Nacional concluye que los acontecimientos de finales de julio han exigido una respuesta institucional excepcional para salvaguardar la salubridad pública y la seguridad, lo que se traduce en una carga presupuestaria adicional para la ciudad autónoma con el fin de garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.