Ceuta investiga la ocupación irregular de viviendas públicas tras denuncias vecinales

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha iniciado un proceso de fiscalización sobre el parque de vivienda pública tras recibir informaciones que apuntan a la ocupación de inmuebles por parte de personas en situación administrativa irregular. Alejandro Ramírez, portavoz del Ejecutivo local, confirmó este martes que los servicios técnicos ya analizan estas incidencias, detectadas principalmente en la barriada de Loma Colmenar.

La situación fue comunicada directamente por los residentes de la zona durante una reunión de trabajo destinada a tratar la posible utilización de parcelas para la acogida de inmigrantes. En dicho encuentro, los vecinos trasladaron su preocupación por la presencia de personas que estarían residiendo en viviendas de titularidad pública sin contar con el título habilitante necesario para ello.

Ante estos hechos, el área de Vivienda de la Ciudad ha comenzado a analizar cada uno de los casos reportados para determinar si se está produciendo un incumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de arrendamiento. La investigación no solo se centra en ocupaciones directas, sino también en posibles cesiones de uso por parte de los adjudicatarios originales a terceras personas.

El portavoz gubernamental advirtió que, de confirmarse estas irregularidades, la Administración procederá a la resolución unilateral de los contratos de arrendamiento y al inicio de los correspondientes expedientes de desahucio. Según explicó Ramírez, los servicios jurídicos han ratificado que los contratos vigentes contemplan estas medidas ante el incumplimiento de las cláusulas de habitabilidad y cesión.

«Todo aquel que haya cometido esta irregularidad será tanto sancionado como resuelto su contrato», afirmó el portavoz, incidiendo en que se aplicarán con rigor las medidas sancionadoras previstas en la normativa. Los servicios técnicos ya han recibido la documentación pertinente y trabajan en la identificación de los inmuebles afectados para normalizar la situación del parque público de vivienda.

Esta intervención institucional busca garantizar que los recursos habitacionales de la Ciudad Autónoma cumplan con su función social y se ajusten estrictamente a la legalidad vigente, respondiendo así a las demandas de seguridad y control trasladadas por los representantes vecinales de las zonas afectadas.