La persistencia de la presión migratoria en Ceuta obliga a reforzar el despliegue de seguridad
Dos semanas después de la entrada irregular masiva en Ceuta, la ciudad autónoma mantiene una situación de alta presión logística y de seguridad, con aproximadamente 10.000 personas deambulando por el entorno urbano y la periferia. Ante el estancamiento de la normalización y la detección de convocatorias en redes sociales para nuevos intentos de cruce fronterizo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa han procedido a la cancelación de permisos y al refuerzo de las unidades desplegadas en la zona.
Los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado indican que, a pesar de las devoluciones iniciales, una parte considerable de los ciudadanos que accedieron a territorio español permanece en asentamientos provisionales en playas y zonas de monte. Esta ocupación del espacio público ha derivado en un incremento de las intervenciones policiales, con una media de entre 10 y 12 detenciones diarias relacionadas con riñas tumultuarias, lesiones y delitos contra el patrimonio.
La situación ha impactado directamente en la operatividad de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los agentes destinados en la ciudad están realizando turnos de hasta 16 horas de servicio para cubrir el aumento de incidentes en barriadas periféricas y zonas costeras como la playa del Trampolín. Según fuentes policiales, se investigan actualmente al menos diez casos de agresiones sexuales desde el inicio de la crisis migratoria, lo que ha elevado la sensación de inseguridad entre la población local.
En el ámbito institucional, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha reiterado la urgencia de un plan estatal integral que permita recuperar la normalidad. Desde el Gobierno de la ciudad se solicita una respuesta coordinada que alivie la presión sobre los servicios de acogida y sanitarios, los cuales se encuentran trabajando al límite de su capacidad operativa. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha manifestado el compromiso de que todas las personas que entraron de forma irregular regresen a Marruecos, aunque los plazos para dicha resolución no se han concretado.
Ante la posibilidad de una nueva oleada migratoria prevista para los próximos días, el Ministerio del Interior ha activado unidades adicionales de la Unidad de Intervención Policial (UIP). El dispositivo extraordinario cuenta actualmente con 300 efectivos antidisturbios, a los que podrían sumarse un centenar más de forma inminente. Asimismo, la Guardia Civil ha blindado el perímetro fronterizo con 200 agentes adicionales, apoyados por el despliegue de 2.000 soldados del Ejército de Tierra.
La Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil y el Ministerio de Defensa han formalizado la suspensión de permisos y licencias para el personal destinado en Ceuta y Melilla. Esta medida busca garantizar la disponibilidad total de efectivos para la vigilancia de la frontera exterior y el mantenimiento del orden público. En la Jefatura Superior de Policía de Ceuta también se han aplicado restricciones similares en unidades clave como la Policía Científica, ante la previsión de que la crisis se prolongue durante las próximas semanas.
Mientras tanto, las asociaciones vecinales de barriadas como El Príncipe o Los Rosales han comenzado a colaborar en la habilitación de espacios seguros, especialmente para mujeres y menores en situación vulnerable. El descontento ciudadano se manifestó el pasado fin de semana con movilizaciones que exigen una solución definitiva por parte del Ejecutivo central y la Unión Europea ante lo que consideran un escenario de abandono institucional en la frontera sur de Europa.
