Ceuta exige al Gobierno la rectificación del real decreto de seguridad nacional por el uso de polideportivos

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha solicitado formalmente al Gobierno de España la modificación del real decreto que activa la situación de interés de seguridad nacional, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La administración local, presidida por Juan Jesús Vivas, rechaza la inclusión de diversos espacios municipales, especialmente polideportivos, como centros de acogida temporal para inmigrantes y estudia interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Fuentes del ejecutivo ceutí han confirmado que, aunque existe un compromiso verbal por parte del Gobierno central para no emplear dichas instalaciones —muchas de las cuales se encuentran integradas en centros escolares—, las autoridades de la ciudad autónoma reclaman que esta intención se plasme en un nuevo texto oficial. El objetivo de esta demanda es otorgar seguridad jurídica al compromiso y mitigar el malestar social generado tras la publicación de la norma en el diario oficial.

El real decreto establece, por primera vez en la historia democrática de España, la situación de interés de seguridad nacional, con vigencia hasta finales de año. Esta medida articula un mando único liderado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, diseñado para gestionar la crisis migratoria tras la entrada masiva de personas el pasado mes de julio. El mando único ha precisado, mediante una nota informativa, que el uso de los polideportivos solo se contempla en casos de extrema necesidad, una circunstancia que el Ejecutivo central no prevé que ocurra en el corto plazo.

Entre los recursos movilizados en el texto legal se encuentran infraestructuras estatales como los terrenos de Loma Margarita o la fábrica de Harina, pero también espacios bajo gestión autonómica como el parking de Loma Colmenar, el Hospital Militar y varios polideportivos cubiertos. Desde el Gobierno de Ceuta se subraya que el uso de estas últimas instalaciones contravendría las condiciones de no situar centros de acogida en núcleos de población densamente habitados ni afectar al inicio del curso escolar, previsto para las próximas semanas.

La publicación del decreto ha provocado protestas ciudadanas y concentraciones ante la Delegación del Gobierno en Ceuta. Los representantes locales critican la falta de consenso previo en la designación de los emplazamientos y advierten de que la ciudad se encuentra en una situación de saturación extrema. Según cifras oficiales, tras la entrada masiva de julio, entre 8.000 y 10.000 personas permanecen aún en la ciudad autónoma, superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida y seguridad ciudadana.

El conflicto institucional coincide con la visita del ministro Torres a la ciudad para coordinar el nuevo órgano de gestión, en el que participan once ministerios, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Departamento de Seguridad Nacional. Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado la instalación de tres carpas temporales con capacidad para 1.500 plazas, una medida que las autoridades locales consideran insuficiente ante la magnitud de la crisis que atraviesa el territorio.