El CGPJ concede el amparo a la jueza del caso Juana Rivas tras las críticas de su abogado
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado conceder el amparo institucional a Aurora Angulo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada. El órgano de gobierno de los jueces ha determinado que las manifestaciones realizadas por el letrado de Juana Rivas en una nota de prensa resultaron «objetivamente perturbadoras de la independencia judicial», según ha informado la institución en un comunicado oficial.
La decisión, aprobada por mayoría, incluye como medida de restauración de la independencia judicial la difusión institucional del acuerdo. En el texto, el CGPJ recuerda que el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales no ampara el desarrollo de «campañas nominativas de descrédito profesional» ni el ejercicio de «presión extraprocesal» sobre los magistrados encargados de un procedimiento.
El origen del conflicto se sitúa en un comunicado difundido el 13 de enero de 2025 por Carlos Aránguez, abogado de Juana Rivas. En dicha nota, el letrado empleaba expresiones como «Quédense con este nombre: Aurora Angulo» y acusaba a la magistrada de haber «archivado en un cajón» una denuncia de su cliente. Asimismo, el texto afirmaba que era un hecho «gravísimo» que una juez especializada no comprendiera el concepto de violencia vicaria.
Para el Consejo General del Poder Judicial, estas afirmaciones han supuesto un ataque directo a la función jurisdiccional, agravado por la amplia repercusión que el comunicado obtuvo tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. El Pleno considera que estas acciones exceden los límites de la libertad de expresión y de defensa, incidiendo negativamente en el normal desarrollo de la labor judicial.
No obstante, el acuerdo del CGPJ ha excluido de este reproche las declaraciones realizadas sobre el asunto por las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Juventud e Infancia, Sira Rego. El órgano de gobierno de los jueces entiende que las manifestaciones de las representantes del Ejecutivo se formularon en un tono «respetuoso con la función judicial» y se enmarcaron dentro de su ámbito de actuación política, sin constituir una injerencia indebida.
Este pronunciamiento del CGPJ se suma a la posición adoptada previamente por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El pasado mes de enero, el tribunal andaluz ya calificó el comunicado del letrado como un exceso del derecho de crítica que incluía ataques «personales e institucionales» contra la magistrada Angulo, motivo por el cual remitió las actuaciones al Colegio de Abogados de Granada para su análisis desde el punto de vista deontológico.
