El CGPJ descarta medidas extraordinarias ante la operatividad de los juzgados afectados por los incendios
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha constatado que las sedes judiciales ubicadas en los territorios afectados por los recientes incendios forestales mantienen su funcionamiento con normalidad. Ante esta situación, el órgano de gobierno de los jueces ha descartado, por el momento, la adopción de medidas excepcionales o la suspensión generalizada de la actividad en las zonas damnificadas.
La decisión se fundamenta en los informes remitidos a la Comisión por las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Según la información técnica recabada, las sedes de los partidos judiciales de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón permanecen abiertas y prestando servicio dentro de la normalidad institucional, a pesar de las graves circunstancias ambientales derivadas de los fuegos.
A tenor de estos datos, el CGPJ considera que la situación actual no demanda la activación de las medidas previstas en el protocolo de actuación judicial en situaciones de emergencia y catástrofe. Dicho marco normativo, aprobado por el Pleno del consejo el pasado 22 de este mes, establece las pautas para la gestión de la actividad judicial en escenarios de crisis extrema.
No obstante, el órgano de gobierno de los jueces ha tomado conocimiento formal de las comunicaciones enviadas por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Ambas instituciones habían solicitado formalmente la suspensión de señalamientos y de los plazos procesales en los partidos judiciales afectados para salvaguardar el derecho a la defensa y la seguridad de los profesionales.
Finalmente, la Comisión Permanente ha acordado mantener un seguimiento continuado de la evolución de la situación en coordinación con las presidencias de los Tribunales Superiores. El CGPJ permanece en disposición de adoptar medidas de urgencia en caso de que el avance de los incendios o las recomendaciones de los servicios de protección civil comprometan la seguridad de las sedes o el acceso de los ciudadanos a la justicia.
