La Comisión Permanente del CGPJ pospone su decisión sobre las diligencias informativas contra el juez Peinado
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha finalizado su sesión de este martes sin alcanzar un acuerdo respecto a las cinco diligencias informativas abiertas contra el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El órgano de gobierno de los jueces ha informado que las deliberaciones continuarán en los próximos días para determinar el curso de estas actuaciones, originadas por diversas quejas relacionadas con la investigación que el juez dirige sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
La falta de consenso en el seno de la Comisión se produce a pesar de que el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, propuso recientemente el archivo de todos los expedientes. Los magistrados que integran la Permanente deben decidir si validan la propuesta de archivo o si, por el contrario, encuentran indicios suficientes para transformar estas diligencias en expedientes disciplinarios por posibles faltas en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Las quejas que han motivado estas diligencias proceden de distintos ámbitos. Entre los recurrentes se encuentran el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el grupo municipal Más Madrid; el diputado socialista Pedro Guillermo Hita; Cristina Álvarez, asesora de la investigada, y un ciudadano particular. Las reclamaciones versan sobre la actuación del magistrado durante la instrucción y el contenido de diversas resoluciones judiciales emitidas en el marco de la causa.
Uno de los puntos de mayor fricción se centra en la quinta diligencia informativa, incoada a raíz de las alusiones a la Policía Nacional contenidas en un auto del pasado 20 de julio. En dicho escrito, el juez Peinado justificó la retirada del pasaporte de Begoña Gómez sugiriendo que sus escoltas podrían colaborar en una hipotética fuga. Estas afirmaciones provocaron una queja formal del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien instó al CGPJ a actuar ante lo que consideró un cuestionamiento a la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En deliberaciones previas, el sector de la Comisión Permanente identificado con el bloque progresista, junto con el voto de calidad de la presidenta del Consejo, impulsó que se analizara si el magistrado pudo incurrir en una «falta grave de consideración» o un «exceso o abuso de autoridad». No obstante, los vocales del ala conservadora han mantenido una postura contraria a través de votos particulares, argumentando que el CGPJ carece de competencia para revisar el contenido de resoluciones judiciales, cuya vía de impugnación debe ser la de los recursos ordinarios ante la Audiencia Provincial.
La tesis del promotor de la acción disciplinaria se alinea con esta última postura, sosteniendo que el Consejo solo debe intervenir en caso de expresiones manifiestamente ofensivas cuando exista un testimonio remitido por un tribunal superior. Mientras tanto, la Audiencia Provincial de Madrid ya ha revocado parcialmente algunas de las medidas cautelares adoptadas por el juez Peinado, incluyendo la citada retirada de pasaporte, al no apreciar riesgo de fuga en la investigada.
El máximo órgano de gobierno de los jueces retomará el análisis de estos expedientes en sus próximas convocatorias, en un escenario marcado por la división técnica y jurídica sobre los límites de la potestad disciplinaria del Consejo frente a la independencia judicial.
