La Comisión Permanente del CGPJ delibera sobre las quejas disciplinarias contra el juez Juan Carlos Peinado

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne este martes para decidir el curso de las cinco diligencias informativas abiertas contra el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Tras el aplazamiento de la sesión la pasada semana por la falta de consenso, el órgano de gobierno de los jueces deberá determinar si archiva los expedientes o si inicia procedimientos sancionadores por presuntas faltas en el ejercicio de sus funciones.

La deliberación se produce en un escenario de división interna dentro de la Comisión Permanente, compuesta por ocho miembros. Según fuentes del órgano consultadas, cuatro vocales de sensibilidad conservadora se inclinan por el archivo de las actuaciones, en línea con la propuesta del promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde. En contraposición, al menos dos vocales del bloque progresista abogan por la apertura de expedientes sancionadores, dejando la resolución final supeditada a los votos restantes y al posible voto de calidad de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló.

Las diligencias bajo estudio responden a diversas quejas interpuestas por actores institucionales y sociales. Entre ellas destaca la remitida por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, relativa al interrogatorio realizado en el Palacio de la Moncloa en el marco del procedimiento que afecta a Begoña Gómez. Asimismo, se analizan las protestas de sindicatos policiales ante las providencias del magistrado que sugerían una posible colaboración de la escolta oficial en una hipotética fuga de la investigada.

A estas quejas se suman la presentada por el grupo político Más Madrid, que denuncia una presunta inactividad procesal en una causa sobre la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, y una reclamación del periodista Nacho Abad. Adicionalmente, la Comisión examina una posible filtración a un medio digital sobre una resolución judicial antes de que esta fuera notificada formalmente a las partes personadas en el procedimiento.

Expertos jurídicos señalan la complejidad técnica de imponer sanciones basadas en el artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que penaliza el uso de expresiones innecesarias o extravagantes en las resoluciones. La jurisprudencia interna del CGPJ suele requerir un reproche previo por parte de un tribunal superior —en este caso, la Audiencia Provincial de Madrid— para que el órgano de gobierno pueda intervenir disciplinariamente sobre el contenido de los autos judiciales, garantizando así la independencia del juzgador.

La resolución de estos expedientes coincide con la proximidad de la jubilación forzosa del magistrado Peinado, prevista para el próximo mes de septiembre al alcanzar los 72 años de edad. El desenlace de la reunión de este martes marcará la posición institucional del nuevo CGPJ ante las críticas a la instrucción de causas con alta exposición mediática y política.