El Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición han iniciado una nueva fase de negociaciones en Caracas con el objetivo de establecer una hoja de ruta política para el país hacia finales de 2026. Estas conversaciones se desarrollan en un contexto de alta presión económica y tras la publicación de recientes estudios de opinión que reflejan un marcado descontento social con la gestión actual.
Según la última encuesta de la firma AtlasIntel, la gestión de Rodríguez enfrenta un índice de desaprobación del 64,5%. El estudio técnico revela que el 58% de los consultados califica al gobierno como «malo o muy malo», mientras que solo un 11,9% mantiene una valoración positiva. Este clima de opinión coincide con las secuelas del sismo ocurrido en el estado La Guaira hace 40 días, que dejó un saldo de más de 6.500 fallecidos y daños materiales estimados en 7.000 millones de dólares, evidenciando desafíos significativos en la capacidad de respuesta institucional.
Las sesiones de trabajo, lideradas por Jorge Rodríguez en representación del oficialismo y por la exdiputada Dinorah Figuera por el sector opositor, se han desarrollado bajo un estricto hermetismo. El proceso busca alcanzar acuerdos en materia de asistencia financiera internacional, reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales y la posible reestructuración de organismos clave como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La administración actual mantiene el reconocimiento de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tras el respaldo otorgado por el gobierno de Estados Unidos. No obstante, la legitimidad institucional sigue siendo objeto de debate jurídico y político, dado que la estructura de mando se define como transitoria mientras se resuelve la situación procesal del expresidente Nicolás Maduro en Nueva York, cuyo juicio está previsto para el año 2027.
El factor externo juega un papel determinante en el avance de estas mesas de diálogo. La administración de Donald Trump ha impulsado estos encuentros como una vía para la estabilidad regional. Analistas internacionales señalan que las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos, programadas para el 3 de noviembre, podrían modificar la dinámica de las presiones externas, dependiendo de la nueva configuración de la Cámara de Representantes y el Senado en Washington.
Pese a los compromisos de «buena fe» expresados en comunicados conjuntos, el proceso enfrenta el escepticismo de diversos actores sociales, gremiales y sindicales que exigen soluciones tangibles a la crisis energética y la hiperinflación. Por el momento, las delegaciones se han comprometido a presentar los primeros resultados verificables de la negociación antes del cierre del presente año, manteniendo la búsqueda de una salida institucional que incluya el reconocimiento recíproco entre las partes.
