China rechaza las acusaciones de injerencia electoral de Donald Trump y denuncia restricciones a periodistas
El Gobierno de China ha desestimado de manera categórica las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó a Pekín de haberse inmiscuido en el proceso electoral estadounidense de 2020. A través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, el país asiático calificó las afirmaciones de «difamación maliciosa» y defendió su política histórica de no injerencia en asuntos internos ajenos.
Durante un reciente discurso a la nación, el mandatario estadounidense señaló que China habría perpetrado lo que definió como la mayor filtración de datos electorales de la historia. Según la Casa Blanca, las autoridades chinas habrían obtenido de forma ilícita 220 millones de registros de votantes en 18 estados mediante una unidad de explotación de datos creada específicamente para dicho propósito.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, respondió este viernes asegurando que las acusaciones carecen de fundamento y forman parte de un relato inventado por las agencias de inteligencia estadounidenses. Lin instó a Washington a reflexionar sobre su propia conducta, señalando que la comunidad internacional identifica a Estados Unidos como el actor que realiza operaciones de vigilancia masiva y robo de datos a escala global.
Además de la tensión por la seguridad electoral, Pekín criticó la nueva política migratoria de la Administración Trump, que reduce la validez de los visados para periodistas extranjeros a 240 días de carácter general, y a solo 90 días en el caso específico de los profesionales chinos. El portavoz calificó la medida como discriminatoria y perjudicial para los intercambios bilaterales entre ambas potencias.
Finalmente, el Gobierno chino sostuvo que estas restricciones violan los consensos alcanzados en 2021 en materia de medios de comunicación y dificultan gravemente la labor informativa en territorio estadounidense. Ante esta situación, Pekín instó a Washington a proteger los derechos legítimos de sus periodistas y advirtió que se reserva el derecho de adoptar contramedidas recíprocas si no se revierte la normativa.
