La vivienda marca un máximo histórico y se consolida como la principal preocupación de los españoles
El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de octubre sitúa a la vivienda como el principal problema de España, alcanzando un récord histórico del 55,7% de las menciones. Este incremento de 18,2 puntos respecto al mes anterior se produce en un contexto de intensa movilización social tras el fallecimiento de Maricarmen Abascal y la reciente derogación en el Congreso de los Diputados de los decretos leyes del Gobierno destinados a paliar la crisis habitacional.
La preocupación por el acceso al hogar lidera la lista de problemas nacionales por vigésimo primer mes consecutivo, distanciándose significativamente de la inmigración, que asciende a la segunda posición con un 20,9% de las respuestas, y de la crisis económica, que desciende al tercer puesto con un 20,3%. El estudio, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 1 y el 6 de octubre, también refleja un máximo en la inquietud por la calidad del empleo, que se sitúa como cuarto problema con un 19,4%.
El impacto del desahucio de la ciudadana madrileña de 87 años, quien fue desalojada tras siete décadas de alquiler, ha sido analizado específicamente en este barómetro. El 75% de los encuestados que siguieron el caso le otorga una importancia elevada. Ante la gestión de situaciones similares, el 57,1% de los consultados defiende que debe prevalecer la protección de las personas vulnerables, mientras que un 32,7% considera prioritario el cumplimiento estricto de la ley y los contratos. No obstante, el 82,3% de la población sostiene que la vivienda debe ser tratada, ante todo, como un derecho constitucional.
En el ámbito de las soluciones legislativas, el CIS ha testado el apoyo a las medidas que el Ejecutivo prevé someter a convalidación en la Diputación Permanente antes de los comicios del 29 de noviembre. Las propuestas con mayor consenso social son la reducción del IVA al 4% para la construcción de vivienda protegida (95,1%) y la habilitación de líneas de crédito para la adquisición de primera vivienda (87,9%). Asimismo, las bonificaciones fiscales para arrendadores que congelen precios y el impuesto del 10% a los pisos turísticos cuentan con un respaldo superior al 75%.
Otras iniciativas presentan una opinión más polarizada entre la ciudadanía. La prohibición de venta a fondos buitre y la suspensión de desahucios a colectivos vulnerables reciben el aval del 67% y 65% de los encuestados, respectivamente. En contraste, la medida con menor aceptación es la prórroga automática e indefinida de los alquileres, que es rechazada por el 52% de la muestra. Por su parte, el recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para viviendas vacías es apoyado por seis de cada diez ciudadanos.
Finalmente, el barómetro aborda la arquitectura competencial del Estado. A pesar de que el 40,7% de los encuestados identifica a las comunidades autónomas como las titulares de las competencias principales en vivienda, existe una tendencia favorable a la recentralización de funciones. Un 48% de los ciudadanos se muestra partidario de que el Estado asuma mayores atribuciones para intervenir en el mercado, frente a un 24% que opta por reforzar las competencias autonómicas y un 22% las municipales.
