El juez Pedraz cita a declarar a Claudio Rivas por el presunto fraude de 182,5 millones en hidrocarburos
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado a declarar para el próximo 3 de diciembre al empresario Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, en el marco de la instrucción que investiga un presunto fraude fiscal de al menos 182,5 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. La resolución judicial establece la comparecencia días después de la celebración de las elecciones generales, desestimando la solicitud del investigado de adelantar la cita a finales de noviembre.
La causa penal, que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 1, se centra en una presunta trama de fraude masivo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la comercialización de combustibles. Según las diligencias judiciales, la red habría operado mediante un complejo sistema de sociedades para eludir sus obligaciones tributarias, además de incurrir supuestamente en delitos de blanqueo de capitales y cohecho para la obtención de autorizaciones administrativas.
Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalan que los fondos obtenidos ilícitamente eran transferidos a cuentas bancarias en el extranjero con el fin de ocultar su origen. En este sentido, el juez Pedraz emitió el pasado mes de septiembre órdenes europeas de investigación dirigidas a las autoridades de Portugal e Irlanda para recabar información sobre cuentas y operaciones financieras vinculadas a Víctor de Aldama.
Los informes elaborados por la UCO cifran en 78,31 millones de euros la cuantía total de los fondos que fueron transferidos desde España hacia sociedades radicadas en territorio portugués. Los investigadores sostienen que parte del capital retornaba posteriormente a España para la adquisición de bienes de lujo o era desviado hacia terceros países y la compra de criptoactivos para dificultar su trazabilidad por parte de la Agencia Tributaria.
La declaración de Claudio Rivas se considera un paso relevante para el esclarecimiento de la estructura societaria y el destino final de los fondos defraudados. Esta pieza separada se integra en un procedimiento más amplio que analiza diversas ramificaciones de influencia y gestión de intereses en el sector energético, donde se investigan las posibles conexiones y gestiones realizadas por los principales encausados ante la Administración Pública.
