El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado este miércoles en el Parlamento autonómico que el Partido Socialista mantiene «bloqueado» el Decreto Canarias en las Cortes Generales. Durante la sesión de control al Ejecutivo, Clavijo manifestó su intención de seguir reclamando la tramitación de esta norma, subrayando que el Gobierno central cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios, dado el respaldo explícito del Partido Popular a las medidas recogidas en el texto.
Clavijo defendió que el decreto representa la «solución» para cumplir con la denominada agenda canaria en un contexto de disparidad económica. Según el presidente, a pesar de que el archipiélago registra los mejores indicadores macroeconómicos de su serie histórica, esta mejora no se ha traducido de manera efectiva en la economía de las familias. El Ejecutivo regional sostiene que la comunidad autónoma ha cumplido con sus competencias al dotarse de un presupuesto y una mayoría sólida, calificando de «boicot» la falta de respuesta de la administración central.
El paquete de medidas del Decreto Canarias incluye propuestas de carácter fiscal y laboral encaminadas a paliar los sobrecostes derivados de la insularidad. Entre ellas destacan la deflactación del tramo estatal del IRPF, la exención de la parte proporcional de la Seguridad Social para empresas que incrementen salarios por encima de convenio y una fiscalidad diferenciada para las islas no capitalinas. Asimismo, Clavijo recordó que permanecen pendientes la bonificación del 60% del IRPF para los residentes en La Palma y el abono de 300 millones de euros adeudados por el Estado.
Desde las filas del Partido Popular, su portavoz Luz Reverón respaldó la postura del Gobierno regional y responsabilizó directamente al presidente Pedro Sánchez de la inestabilidad de los sectores productivos canarios. Reverón enfatizó que el archipiélago «hizo los deberes» y acusó al PSOE de no asumir responsabilidades políticas en el actual escenario nacional, sugiriendo la convocatoria de elecciones generales como salida al estancamiento legislativo de las demandas canarias.
Por su parte, los grupos de la oposición centraron sus críticas en la gestión de la desigualdad y los servicios públicos. Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), aludió al reciente informe de Cáritas para señalar el aumento de la exclusión social y la pobreza en las islas, a pesar del crecimiento económico. Campos reprochó al Ejecutivo de Clavijo la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, así como la supuesta falta de ejecución de fondos europeos que deberán ser devueltos.
En una línea similar, el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, criticó la falta de decisiones de un Gobierno que, a su juicio, gestiona los mayores recursos públicos de la historia sin lograr una redistribución efectiva de la riqueza. Franquis calificó de deficitaria la situación de la sanidad, la educación y los servicios sociales, vinculando la precariedad laboral a un modelo económico que, según sus palabras, concentra beneficios sin impactar positivamente en los sectores más vulnerables de la sociedad canaria.
Finalmente, David Toledo, representante del Grupo Nacionalista, cerró el debate subrayando la dificultad de los ciudadanos para afrontar el coste de la vida debido a los precios del alquiler y la cesta de la compra. Toledo insistió en que la fragmentación y lejanía del archipiélago exigen respuestas legislativas singulares y urgentes, las cuales, defendió, están contenidas en el decreto actualmente paralizado en Madrid.
