Documentos intervenidos revelan un plan para instrumentalizar la comisión de investigación de la ‘Operación Cataluña’
Documentos hallados en el marco de una investigación judicial detallan una presunta estrategia para utilizar la comisión de investigación sobre la denominada ‘Operación Cataluña’ en el Congreso de los Diputados con fines extraparlamentarios. Según la documentación intervenida a Leire Díez, titulada «Acciones Cataluña», el objetivo central era emplear las conclusiones de dicho órgano legislativo para emprender acciones judiciales contra miembros de la carrera fiscal y favorecer los intereses de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y de la formación política Junts.
El plan operativo contemplaba el cierre acelerado de la comisión para trasladar sus conclusiones de forma inmediata a la Fiscalía General del Estado. Entre los objetivos prioritarios figuraba la interposición de una denuncia contra el fiscal Anticorrupción José Grinda. El documento sugiere que el cese de este fiscal podría haberse valorado como una exigencia en el marco de las negociaciones políticas para la gobernabilidad, vinculando la actividad parlamentaria con la situación procesal de diversos actores del ámbito independentista y empresarial.
La estrategia diseñada buscaba asimismo establecer un acuerdo con el excomisario José Villarejo y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. A cambio de una solicitud de reducción de penas en el caso Kitchen, se pretendía obtener documentación comprometedora que afectara a magistrados del Tribunal Supremo, jueces y fiscales. El texto intervenido señala que el Tribunal Supremo representaba uno de los principales «obstáculos» para la agilización y éxito de la ley de amnistía, por lo que la obtención de dicha información se consideraba una fase crítica del proceso.
En cuanto a la BPA, la hoja de ruta preveía que las conclusiones de la comisión de investigación incluyeran que la entidad financiera, junto a figuras como Sandro Rosell o la familia Sumarroca, habían sido perjudicadas por las actuaciones de la denominada ‘policía patriótica’. Para reforzar este mensaje, se había pactado la comparecencia en sede parlamentaria de Higini Cierco, principal accionista de la entidad, y del exconsejero delegado Joan Pau Miquel. Sin embargo, la disolución de las Cámaras debido a la convocatoria de elecciones generales impidió la aprobación de estas conclusiones, lo que supuso la interrupción de la estrategia planificada por los grupos que impulsaron la comisión.
Leire Díez se encuentra actualmente bajo investigación en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, organización criminal, revelación de secretos y obstrucción a la justicia. La causa analiza, entre otros aspectos, un supuesto plan para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción, así como el seguimiento a magistrados. En el mismo procedimiento se investiga la participación del empresario Javier Pérez Dolset en las maniobras destinadas a influir en procedimientos judiciales abiertos.
La investigación judicial también rastrea el origen de presuntos pagos que Díez habría recibido, vinculando estas actividades con la estructura orgánica del PSOE y mencionando de forma específica a Santos Cerdán en el marco de las diligencias. La causa permanece abierta para esclarecer el alcance de estas maniobras y su impacto en la independencia de las instituciones judiciales y en el normal funcionamiento de la actividad inspectora del Congreso de los Diputados.
