Defensa y el CNI analizan los riesgos de seguridad ante la futura planta de SAIC Motor en Ferrol
La intención de la compañía estatal china SAIC Motor, propietaria de la marca MG, de instalar su primera fábrica de vehículos eléctricos en Europa en la localidad de Ferrol (La Coruña), ha generado una situación de alerta en el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los organismos de seguridad evalúan el impacto que la cercanía de esta infraestructura industrial podría tener sobre el arsenal militar de la zona y el astillero estratégico de Navantia.
El proyecto, que contempla una inversión inicial de 200 millones de euros y la creación de 1.000 empleos directos, busca sortear los aranceles de hasta el 45% impuestos por la Unión Europea a las importaciones chinas mediante la producción dentro del territorio comunitario. Según el cronograma previsto, las obras comenzarían en 2027 con el objetivo de que la planta esté plenamente operativa antes de finalizar el año 2028.
La principal preocupación de los servicios de inteligencia y de la Armada radica en la vulnerabilidad del entorno geográfico. La planta se situaría a escasa distancia de enclaves militares de máxima relevancia, lo que abre interrogantes sobre posibles actividades de espionaje electrónico o ciberataques. Aunque tanto Navantia como la Armada han previsto reforzar sus sistemas de protección, el foco de mayor inquietud reside en las industrias auxiliares: pequeñas y medianas empresas de la zona que prestan servicios simultáneamente al sector defensa y que ahora trabajarán también para la automotriz china.
Desde el punto de vista institucional, la Xunta de Galicia ha otorgado a la iniciativa la calificación de proyecto industrial estratégico para agilizar los trámites administrativos. La consejera de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha definido la planta como el mayor proyecto internacional llegado a la comunidad en las últimas décadas. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado la colaboración «ejemplar» con el Ejecutivo central para asegurar la adjudicación del proyecto.
Pese al impulso político y económico, la puesta en marcha definitiva requiere la autorización del Consejo de Ministros al tratarse de una inversión extranjera directa en un sector que podría afectar a la seguridad nacional. El Gobierno deberá ponderar el beneficio económico y la creación de empleo frente a los informes de inteligencia que advierten sobre los riesgos de captación de información en un ecosistema industrial compartido entre la defensa nacional y el gigante estatal asiático.
