Colombia vuelve a enfrentarse a una verdad incómoda que Hannah Arendt sintetizó con claridad al advertir que “la violencia aparece donde el poder está en peligro”. Esta afirmación resulta especialmente pertinente frente al reciente paro armado del ELN, que constituye una evidencia contundente de que, cuando la autoridad vacila y el Estado se repliega, la violencia avanza sin restricción alguna y se impone sobre la vida de los ciudadanos.
Durante varios días, extensas regiones del país han sido sometidas a un clima de temor generalizado. Atentados con explosivos, quema de buses y vehículos de carga, hostigamientos armados contra la Fuerza Pública, asesinatos y amenazas directas contra la población civil han marcado este episodio. Carreteras desiertas, municipios en silencio, comercios cerrados y comunidades confinadas no por decisión propia, sino por la imposición de un grupo armado ilegal que determina arbitrariamente quién puede movilizarse y quién no.
Escribo estas líneas en calidad de ciudadano, con la preocupación de quien observa la reiteración de una historia que Colombia ha padecido en demasiadas ocasiones. Cada paro armado deja consecuencias humanas profundas que rara vez se dimensionan en toda su magnitud: el campesino que pierde su cosecha por no poder transportarla, el conductor que duda entre salir a trabajar o preservar su vida, el comerciante que cierra su establecimiento no por falta de clientes, sino por miedo. Familias enteras ven alterada su cotidianidad por una amenaza que no eligieron ni provocaron.
El ELN no está manifestando una inconformidad social ni ejerciendo un derecho político. Está recurriendo al terror como mecanismo de presión y control territorial, castigando deliberadamente a la población civil para enviar un mensaje de dominio. Esto no constituye un acto de protesta ni de acción política; es, sin ambigüedades, terrorismo. Nombrarlo como tal no responde a una postura radical, sino al ejercicio responsable de la verdad.
La preocupación no se limita a los hechos de violencia, sino a la creciente sensación de normalización del miedo. La resignación colectiva frente a estos episodios resulta particularmente peligrosa, pues cuando el terror se convierte en parte del paisaje cotidiano, la democracia comienza a erosionarse de manera silenciosa pero persistente.
Asimismo, resulta inquietante la respuesta del Estado. Frente a atentados, asesinatos, bloqueos y amenazas sistemáticas, el país requiere liderazgo claro y ejercicio firme de la autoridad. La seguridad no es una cuestión ideológica ni una consigna política: es el fundamento sobre el cual se sostienen todos los derechos. Sin seguridad, la libertad se reduce a una promesa vacía.
Hablar de paz no puede implicar tolerar la violencia ni ceder ante el chantaje armado. La paz auténtica no se construye ignorando a las víctimas ni debilitando las instituciones del Estado. Por el contrario, se edifica garantizando el cumplimiento de la ley y afirmando que la vida y la dignidad de los ciudadanos deben prevalecer sobre cualquier cálculo político.
Este paro armado deja una advertencia inequívoca: cuando el Estado no ejerce plenamente su poder legítimo, el miedo ocupa su lugar. Y cuando el miedo gobierna, quienes resultan perjudicados son los ciudadanos honestos.
Como colombiano, levanto la voz con convicción, no desde la revancha ni la retórica, sino desde la responsabilidad cívica. Colombia no puede seguir aceptando que grupos armados ilegales determinen las condiciones de vida de la población. El país necesita recuperar autoridad, proteger a su gente y reafirmar, sin vacilaciones, que la violencia no puede ni debe ocupar el lugar del Estado.
