Un informe de la Facultad de Derecho de la UCM denuncia el uso «innecesario» de la fuerza policial en el campus

Un equipo de docentes e investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha emitido un informe técnico en el que califica de «desmesurada» y «gratuita» la intervención policial realizada el pasado 14 de octubre en el marco de una manifestación universitaria. El documento, difundido este viernes por la Plataforma por la Universidad Pública, concluye que el despliegue de la Unidad de Intervención Policial (UIP) incurrió en al menos cinco posibles delitos, entre ellos los de lesiones, vulneración de derechos fundamentales y contra la integridad moral.

El análisis, elaborado a partir de material audiovisual, testimonios y partes médicos, sostiene que la disolución del acto se produjo sin que mediara una agresión previa hacia los agentes ni una alteración del orden público que justificara tal proceder. Según los expertos legales, la actuación contravino la actual Ley de Seguridad Ciudadana, que exige un aviso verbal previo a los manifestantes, requisito que solo puede omitirse ante situaciones de peligro inminente con armas o explosivos, circunstancia que el informe descarta por completo en este caso.

En cuanto a las consecuencias físicas de la intervención, el documento detalla que tres personas resultaron heridas con fracturas óseas y contusiones severas, precisando evacuación urgente a centros hospitalarios. Asimismo, los autores denuncian que, tras las cargas, se impuso un «régimen de confinamiento y retención coactiva» que se prolongó durante más de noventa minutos, impidiendo la disolución voluntaria y pacífica que los congregados habrían solicitado tras los primeros incidentes.

La vertiente institucional de los hechos revela una falta de coordinación entre las autoridades civiles y académicas. El Rectorado de la UCM ha comunicado que en ningún momento solicitó ni motivó la entrada de las dotaciones policiales al campus. Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid ha confirmado que la operación no obedeció a una orden gubernativa expresa, sino a una «decisión discrecional» adoptada directamente por el mando operativo sobre el terreno.

El informe técnico también resalta la hostilidad mostrada hacia las autoridades universitarias, documentando que agentes de la UIP llegaron a empujar físicamente a la vicerrectora de Estudiantes mientras intentaba mediar en el conflicto. Finalmente, el texto denuncia irregularidades procedimentales, como la falta de identificación visible en los uniformes de varios agentes o el uso de tácticas para ocultar sus números de placa durante el operativo.

Con este documento, la comunidad académica busca determinar las responsabilidades legales y administrativas derivadas de una actuación que, según el análisis jurídico, vulneró el derecho a la protesta pacífica amparado por la ley, al no existir pruebas de resistencia activa o comisión de ilícitos por parte de los asistentes.