El concejal de Vox en Santa Coloma niega ante la jueza delitos de odio y revelación de secretos
Aitor Navarro, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, compareció este martes ante el Juzgado de Instrucción de la localidad barcelonesa para declarar como investigado por presuntos delitos de odio y revelación de secretos. Durante su comparecencia, el edil negó que sus actuaciones fueran constitutivas de infracción penal y sostuvo que la información difundida sobre personas migrantes beneficiarias de ayudas sociales fue obtenida de fuentes oficiales de acceso público.
La causa judicial tiene su origen en una querella interpuesta por diversas entidades sociales del municipio y la organización SOS Racisme Catalunya, admitida a trámite tras la difusión de listas con nombres de beneficiarios de subvenciones y la realización de campañas de cartelería en la vía pública. Según la acusación, Navarro habría utilizado datos de carácter privado para estigmatizar a colectivos vulnerables bajo un discurso discriminatorio.
En su declaración ante la magistrada, el investigado respondió únicamente a las preguntas de su defensa y de la instructora. Navarro aseguró que los nombres de los perceptores de ayudas fueron extraídos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas del Ministerio de Hacienda. Respecto a la campaña de carteles en la que se advertía de un «reparto de ilegales» en determinadas zonas del municipio, el concejal afirmó que se limitó a reproducir una iniciativa coordinada por su partido a nivel nacional.
Por su parte, el abogado de la acusación, David Aranda, manifestó tras la vista que solicitarán nuevas diligencias para verificar si la información procedía realmente de fuentes públicas. La parte querellante sostiene que el edil no solo difundió los datos, sino que lo hizo con la intención de fomentar el odio, alegando que Navarro llegó a realizar mofas sobre los nombres de los beneficiarios para reforzar el mensaje de que los recursos públicos son acaparados por la población inmigrante, independientemente de su situación legal.
Desde la formación Vox han calificado el procedimiento judicial como falto de fundamento. Fuentes del partido consultadas señalaron que la actuación de su representante se enmarca en un debate político legítimo sobre el uso de recursos municipales y el reparto de menores extranjeros no acompañados, un tema recurrente en las cámaras legislativas. Defienden que la finalidad del concejal era trasladar esta discusión al ámbito local sin vulnerar la normativa de protección de datos.
La jornada judicial estuvo marcada por una concentración de una treintena de personas frente a las puertas de los juzgados, convocada por entidades sociales para protestar contra la actividad política del edil. El dispositivo de seguridad de los Mossos d’Esquadra permitió que la concentración se disolviera sin incidentes al término de la declaración. La fase de instrucción continuará ahora con la práctica de pruebas testificales pendientes antes de determinar si el caso procede a juicio oral.


