La defensa del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha formalizado su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional como última instancia interna tras la ratificación del Tribunal Supremo de no aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación. La decisión judicial mantiene vigente la orden de detención nacional contra el dirigente de Junts, al considerar el magistrado instructor, Pablo Llarena, que los hechos investigados encajan en las exclusiones previstas en la norma vigente.
El Tribunal Supremo fundamenta su negativa en que el proceso independentista de 2017 implicó un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial, al haber sufragado con fondos públicos gastos que correspondían a fines particulares y partidistas. Si bien el juez Llarena ha reconocido que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) descarta una afectación directa a los intereses financieros de la Unión, sostiene que este pronunciamiento no altera el criterio principal sobre el beneficio patrimonial, que imposibilita la extinción de la responsabilidad penal bajo el marco de la ley actual.
Desde el entorno de Junts per Catalunya se ha manifestado una profunda desconfianza respecto a la imparcialidad del Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido. Fuentes de la formación política sugieren que el órgano de garantías podría dilatar los plazos de resolución conforme a intereses de la agenda gubernamental. Según estas versiones, existe escepticismo sobre la celeridad del tribunal, a pesar de las manifestaciones públicas que apuntaban a una posible resolución antes de finalizar el presente año.
La estrategia jurídica liderada por el abogado Gonzalo Boye no solo cuestiona la interpretación de las excepciones de la amnistía, sino que vuelve a impugnar la competencia del Tribunal Supremo para conocer la causa del ‘procés’. La defensa argumenta que se ha vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, sosteniendo que el caso debería haber sido remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras la pérdida del aforamiento de los procesados.
En el plano político, Junts advierte de que el escenario de un posible regreso y detención de Puigdemont elevaría la tensión con el Ejecutivo central. Desde la formación señalan que el prolongado periodo del expresidente fuera de España condicionará su postura política frente al Gobierno de Pedro Sánchez en el caso de que la vía jurisdiccional no prospere a su favor en el corto plazo.
El recurso de amparo presentado en julio de 2025 se sitúa ahora como el elemento técnico central que deberá dirimir si la interpretación del Tribunal Supremo sobre el delito de malversación se ajusta a los preceptos constitucionales y a la voluntad del legislador expresada en la Ley de Amnistía. La resolución de este conflicto jurídico marcará el calendario del posible retorno del expresidente a territorio español y la estabilidad de las relaciones parlamentarias en el Congreso de los Diputados.
