El Congreso tumba los decretos de vivienda del Gobierno y abre un escenario de incertidumbre en la legislatura

El Plenary del Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes la convalidación de los dos reales decretos-ley en materia de vivienda presentados por el Gobierno. Los textos, que habían sido aprobados apenas tres días antes por el Consejo de Ministros, han decaído al no obtener el respaldo mayoritario de la Cámara. El resultado de la votación, realizada por llamamiento público, arroja una aritmética de 178 votos en contra —procedentes del Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya— frente a 172 votos a favor, dejando al Ejecutivo en una posición de debilidad parlamentaria que ha alimentado las especulaciones sobre un posible adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre.

La jornada parlamentaria ha estado marcada por la tensión institucional y los intentos de última hora del Ejecutivo por atraer el apoyo de Junts. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino desde la tribuna para solicitar el voto favorable, apelando a la necesidad de introducir «orden y humanidad» en el mercado inmobiliario. Sin embargo, la formación independentista catalana mantuvo su negativa, anunciada la víspera, sumándose al bloque de la oposición liderado por el Partido Popular y Vox para frenar ambas iniciativas legislativas.

El primer decreto sometido a votación, que establecía medidas de mínimos para la regulación del sector, fue rechazado con 178 votos negativos. Idéntico resultado obtuvo el segundo texto, que contemplaba la prórroga automática de los contratos de alquiler y la limitación de la compra de viviendas por parte de fondos de inversión hasta el año 2028. Tras la confirmación del resultado, se produjeron incidentes en la tribuna de invitados, donde varias personas fueron desalojadas por la presidencia de la Cámara tras proferir gritos de protesta contra los diputados.

Durante el debate, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, calificó la falta de apoyo como un «fracaso colectivo» y defendió que el 90% de las propuestas de Junts habían sido incorporadas a los textos. Rodríguez reprochó a los grupos de la oposición su postura, advirtiendo de que la caída de los decretos supone retirar un «alivio» necesario para la ciudadanía. Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, fue especialmente crítico con Junts, acusándoles de anteponer intereses particulares a la necesidad habitacional.

Desde la oposición, los argumentos se centraron en la ineficacia de las medidas propuestas. Míriam Nogueras, portavoz de Junts, acusó al Gobierno de alimentar «falsas esperanzas» con leyes que, a su juicio, agravan el problema y no frenan los desahucios. En una línea similar, el portavoz económico del Partido Popular, Juan Bravo, criticó el «intervencionismo» del Ejecutivo y señaló que el acceso a la vivienda ha empeorado durante los ocho años de gestión socialista. Vox, por su parte, reclamó una mayor construcción de vivienda pública y criticó la gestión de la entidad estatal Casa 47.

La caída de estos decretos supone la pérdida de medidas que el Gobierno consideraba clave, como la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la protección frente a desahucios ampliada hasta 2030 y la prórroga de dos años para los contratos que expiren antes de final de año. El escenario parlamentario resultante deja al Gobierno con la urgencia de redefinir su estrategia legislativa en una de las materias más sensibles de su agenda social.