El Tribunal Constitucional iniciará el 22 de septiembre el análisis de los recursos sobre la Ley de Amnistía
El Pleno del Tribunal Constitucional ha fijado el próximo 22 de septiembre como fecha para comenzar la deliberación de los recursos de amparo presentados contra la negativa de aplicar la Ley de Amnistía. Este proceso se iniciará con el análisis del recurso interpuesto por el exconseller de la Generalitat, Jordi Turull, marcando el punto de partida para resolver la situación jurídica de los condenados y procesados por el proceso independentista catalán.
La inclusión de este asunto en la agenda del tribunal fue comunicada este martes por el presidente del órgano de garantías, Cándido Conde-Pumpido, tras alcanzar un acuerdo con el magistrado ponente del caso, José María Macías. La decisión se produce en un contexto jurídico relevante, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitiera un pronunciamiento que el tribunal español ha considerado como un aval para proceder con la revisión de la norma.
El núcleo de la controversia que deberá dirimir el Constitucional reside en la interpretación del delito de malversación. Hasta la fecha, el Tribunal Supremo ha mantenido su postura de no aplicar la amnistía a este cargo específico, argumentando que el desvío de fondos públicos para el referéndum de 2017 queda excluido de la medida de gracia. Esta interpretación es la que mantiene vigente la orden de detención nacional contra el expresident Carles Puigdemont.
Fuentes del Tribunal Constitucional han confirmado que, tras la resolución del recurso de Turull, el Pleno procederá a deliberar de forma sucesiva sobre el resto de las solicitudes pendientes. Entre ellas se encuentra la del propio Puigdemont y la de otros líderes independentistas que han visto denegada la extinción de su responsabilidad penal por parte de la Sala de lo Penal del Supremo.
La intervención del tribunal de garantías resulta crucial para establecer una doctrina definitiva sobre si la exclusión de la malversación, bajo el criterio de beneficio patrimonial o afectación a intereses de la Unión Europea, se ajusta al marco constitucional y a la voluntad del legislador. Esta serie de plenos marcará el calendario judicial del otoño y determinará el alcance efectivo de la ley aprobada en las Cortes Generales.
