El Tribunal Constitucional avala la amnistía por malversación y el Supremo retira la orden de detención contra Puigdemont

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha notificado formalmente a las partes y remitido al Tribunal Supremo la sentencia en la que avala la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación para los líderes del proceso independentista catalán. Como consecuencia directa de esta resolución, el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dejado sin efecto de manera inmediata la orden nacional de busca, captura y detención que pesaba sobre el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La decisión del órgano de garantías fue adoptada tras estimar el recurso de la exconsellera Dolors Bassa, con una mayoría de siete votos del bloque progresista frente a cinco votos en contra de la minoría conservadora. La resolución se basa en la ponencia redactada por el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y establece un criterio jurídico que facilita la plena aplicación de la amnistía a los encausados por el uso de fondos públicos durante los hechos de 2017.

La desactivación de las medidas cautelares por parte del magistrado Llarena abre la vía para el regreso a España de Carles Puigdemont sin riesgo de detención. El expresidente catalán ha permanecido fuera de la jurisdicción nacional desde hace nueve años, tras su salida del país para evitar la acción de la justicia. La decisión judicial actual implica el levantamiento de las restricciones de movilidad interna que el Supremo mantenía vigentes a pesar de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía.

Junto con la notificación de la sentencia principal, el Tribunal Constitucional ha dado traslado del voto particular suscrito por los cinco magistrados del sector conservador. En este documento, la minoría expresa su discrepancia técnica con el fallo mayoritario, argumentando que la malversación en el marco del ‘procés’ no debería ser objeto de exoneración bajo los parámetros constitucionales y la normativa europea de protección de intereses financieros.

Fuentes jurídicas del Tribunal Constitucional han confirmado que la documentación ha sido remitida oficialmente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo este miércoles. Este paso administrativo consolida el nuevo marco procesal en el que la interpretación del Constitucional sobre la ley de amnistía prima sobre los autos previos del Supremo, que inicialmente se había opuesto a amnistiar la malversación al considerar que existió un beneficio personal patrimonial por parte de los líderes independentistas.

La resolución de este conflicto competencial entre ambos tribunales marca un hito en la arquitectura jurídica del caso, normalizando la situación procesal de los implicados que aún mantenían órdenes de arresto pendientes. El escenario queda ahora a la espera de los próximos movimientos de la defensa de Puigdemont y la confirmación de su regreso efectivo a territorio español.