La patronal de la construcción solicita una revisión excepcional de precios en la obra pública ante la crisis en Oriente Próximo
La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) ha solicitado formalmente la puesta en marcha de un mecanismo de revisión excepcional de precios para los contratos de obra pública. La organización empresarial advierte de que el encarecimiento de los costes derivado de la inestabilidad en el Golfo Pérsico ha agravado la presión inflacionista que el sector arrastra desde la pandemia y el inicio de la guerra en Ucrania, comprometiendo la viabilidad de los proyectos en ejecución.
Según el informe técnico presentado por la patronal, la escalada del conflicto en Oriente Próximo ha intensificado las tensiones en la cadena de suministro. En las últimas semanas, materiales esenciales para la infraestructura civil han registrado incrementos de precio sustanciales: el betún ha experimentado subidas de entre el 30% y el 40%, mientras que el hormigón, los áridos, el acero y los plásticos han anotado alzas de entre el 10% y el 25%. A estas cifras se añade el impacto directo del aumento del coste de la energía y los combustibles.
Ante esta coyuntura, ANCI ha manifestado su respaldo a la propuesta aprobada recientemente por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Dicha iniciativa plantea una doble línea de actuación legislativa para garantizar la estabilidad económica de los contratos del sector público. Por un lado, se propone una reforma estructural que recupere la obligatoriedad de la revisión de precios e incluya el coste de la mano de obra como factor revisable. Por otro, se solicita la reactivación urgente del mecanismo excepcional previsto en el Real Decreto-ley 3/2022.
La organización subraya que la actual normativa dificulta la adaptación de los contratos a la evolución real de los costes de mercado, lo que eleva el riesgo de desequilibrios económicos y paralizaciones en las obras. La patronal insiste en la necesidad de articular un sistema que sea «estable, automático, ágil y eficaz» para proteger tanto la seguridad jurídica de las empresas como el interés general que representa la continuidad de la obra pública en España.
Finalmente, ANCI recalca que la incertidumbre internacional obliga a establecer salvaguardias normativas que eviten que el choque de costes recaiga exclusivamente sobre los adjudicatarios. La implementación de estas medidas de revisión se considera clave para asegurar que las futuras licitaciones no queden desiertas y que los proyectos estratégicos de infraestructuras nacionales puedan completarse dentro de los plazos previstos.
