La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha citado a declarar en calidad de testigo al cónsul de España en Tetuán, Fernando Villalonga, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de su entrada en Ceuta el pasado 28 de julio. La diligencia se produce en el marco de la investigación judicial sobre los acontecimientos previos a la crisis migratoria del 30 de julio, cuando se registró una entrada masiva de personas a través de la frontera con Marruecos.
La decisión judicial tiene su origen en el testimonio de un funcionario de la Policía Nacional, quien declaró haber recibido instrucciones para habilitar un carril específico y urgente de acceso a la ciudad autónoma para el diplomático. Según el agente, este procedimiento resultó «absolutamente inusual y ajeno al funcionamiento ordinario» del puesto fronterizo. La magistrada considera necesario determinar si dicho desplazamiento tuvo como fin advertir a las autoridades españolas sobre el riesgo inminente de una avalancha migratoria.
Fuentes diplomáticas han contextualizado el episodio dentro de un proceso ordinario de relevo en la jefatura del Consulado General en Tetuán. Según estas versiones, la presencia de Villalonga en Ceuta el 28 de julio respondía a su traslado personal y mudanza, previa a su toma de posesión oficial fijada para el 1 de agosto. Estas fuentes indican que el uso del carril habilitado se limitó a facilitar el tránsito de su vehículo privado y pertenencias para evitar las retenciones en el paso del Tarajal.
A pesar de esta explicación administrativa, el auto judicial subraya la relevancia de la coincidencia temporal entre el viaje del cónsul y las alertas de riesgo extremo que ya detectaban diversas unidades policiales. La magistrada Tardón busca confirmar de forma directa si el cónsul mantuvo reuniones con autoridades de la Delegación del Gobierno o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para transmitir valoraciones relativas a los movimientos migratorios en el norte de Marruecos.
La investigación también pretende definir qué información exacta obraba en poder del Consulado de Tetuán —el más próximo a la zona de Castillejos— en las jornadas inmediatamente anteriores a la crisis. La justicia requiere conocer si los datos sobre la presión migratoria extraordinaria fueron comunicados formalmente a las instituciones competentes en la seguridad de la frontera ceutí.
La citación de Villalonga resuelve un error formal previo en el procedimiento, que inicialmente solicitó la comparecencia de la titular del consulado en Tánger. Una vez rectificado el escrito, el nuevo cónsul en Tetuán deberá prestar declaración para detallar los motivos de su estancia en Ceuta y aclarar si existieron comunicaciones oficiales sobre la situación fronteriza en las 48 horas previas al incidente masivo.


