El Instituto Coordenadas advierte de una brecha de transparencia en el 58% de la inversión en contratos de protección social
El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha alertado sobre una brecha «relevante» entre la información contractual que se publica formalmente y la que los ciudadanos pueden localizar de manera efectiva en los canales públicos. Según el informe especial «Contratación Pública y Transparencia», elaborado por esta institución, un total de 105 contratos vinculados a políticas de protección y promoción social, que suman 260,58 millones de euros, no figuraban en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, pese a estar registrados en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Esta cifra representa el 58,41% del importe total fiscalizado por el Tribunal de Cuentas en el Informe n.º 1.696, en el que se basa el análisis del ICGEA. El estudio subraya que la transparencia no debe medirse únicamente por la existencia formal de los datos en algún repositorio administrativo, sino por la capacidad real del ciudadano para acceder, relacionar y reconstruir el proceso de toma de decisiones en el gasto público. La incidencia detectada afecta al 41,50% de los expedientes analizados en el Área de Gasto 2 de los Presupuestos Generales del Estado.
Jesús Sánchez Lámbas, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, ha señalado que una administración no puede considerarse transparente por el simple hecho de alojar documentos en espacios digitales de difícil acceso. «Si el ciudadano necesita saber previamente en qué plataforma buscar cada pieza del expediente, estamos ante una opacidad deliberada, inasumible democráticamente», ha manifestado el directivo, enfatizando que la información debe ser trazable, comparable y reutilizable para cumplir con los estándares democráticos.
El análisis identifica una segunda deficiencia de carácter institucional relacionada con los encargos a medios propios o servicios «in-house». Ninguno de los 53 encargos fiscalizados, que suponen una cuantía conjunta de 222,44 millones de euros, aparecía en el Portal de Transparencia. Además, el 35,85% de estos encargos carecía de las tarifas aplicables publicadas y, en nueve casos, la información se remitió a la Plataforma de Contratación con más de un año de retraso respecto a su formalización.
En cuanto a la integridad de la documentación, el ICGEA detecta carencias que impiden conocer la motivación de las adjudicaciones. En el 29,64% de los contratos analizados no constaba la memoria justificativa, mientras que en el 39,57% de los contratos de servicios se omitió el informe de insuficiencia de medios. Aunque el Instituto aclara que la falta de publicación no implica necesariamente la inexistencia del documento o la ilegalidad del contrato, sí constituye un incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que limita la fiscalización ciudadana.
El informe también especifica que ciertas irregularidades se encuentran muy localizadas. Es el caso de la falta de justificación en la elección de procedimientos distintos al abierto o restringido, una práctica detectada en 57 contratos del Imserso vinculados al programa de Termalismo y a plazas residenciales en Ceuta. Este dato indica que, si bien no se trata de un comportamiento generalizado en todos los organismos, sí existen focos de opacidad específicos en la gestión de determinados servicios sociales.
Para corregir estas deficiencias, el Instituto Coordenadas propone la implementación de controles automáticos que alerten sobre la falta de documentación preceptiva y la realización de conciliaciones periódicas entre la Plataforma de Contratación y el Portal de Transparencia. Asimismo, aboga por el uso de formatos abiertos y reutilizables, evitando documentos escaneados o manuscritos que dificultan el análisis sistemático. El objetivo final, según concluye la entidad, es transitar de un modelo de publicación documental a uno de transparencia efectiva basado en el dato.
