El Gobierno cifra en 1.600 millones de euros el impacto fiscal de los decretos de vivienda
El Gobierno de España ha cuantificado en algo más de 1.600 millones de euros el coste para las arcas públicas derivado de la aplicación de los dos reales decretos-ley en materia de vivienda que se someterán a votación este viernes en el Congreso de los Diputados. Según las memorias económicas que acompañan a los textos, la mayor parte de este impacto presupuestario se concentra en las bonificaciones fiscales, la protección frente a desahucios y los incentivos para el alquiler a precios limitados.
De los dos textos que se presentan a convalidación, el Ejecutivo especifica que el gasto público está asociado casi íntegramente al decreto que introduce modificaciones tributarias y medidas de protección social. El segundo decreto, centrado en la renovación automática de los contratos de alquiler y la obligación de indemnizar a los inquilinos en determinados supuestos, no tiene asociado un gasto público directo al no afectar a la recaudación de tributos ni requerir la creación de nuevos órganos administrativos.
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la medida con mayor peso económico es la deducción del 10% para inquilinos por el alquiler de su vivienda habitual. Esta ayuda, destinada a contribuyentes con una base imponible inferior a 33.007,20 euros, beneficiará a unos 945.000 ciudadanos y tendrá un coste estimado para Hacienda de 835 millones de euros.
Asimismo, el Gobierno ha detallado el impacto de mantener el tipo del 1,1% en el IRPF para las viviendas vacías, una medida que afecta a 2,36 millones de declaraciones y que supondrá una merma en la recaudación de 154 millones de euros. Por otro lado, las deducciones del 60% por rehabilitación energética y los beneficios fiscales para contratos firmados antes de la Ley de Vivienda de 2023 se han cifrado en un coste de 370 millones de euros.
El paquete de medidas también contempla cambios en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El establecimiento de un gravamen del 10% para los pisos turísticos generará un ingreso adicional para las arcas públicas de unos 170 millones de euros anuales. No obstante, este ingreso se verá compensado por la rebaja del IVA al 4% para las viviendas protegidas, con un coste de 121,2 millones, y el tipo reducido para obras de renovación en viviendas destinadas al alquiler, que supondrá 103,5 millones de euros adicionales.
Otras partidas recogidas en las memorias económicas incluyen 93,9 millones de euros por la exención de la ganancia patrimonial en la transmisión de viviendas desocupadas a entidades públicas, y 380 millones derivados de ajustes en el rendimiento por parentesco e imputación de rentas. Respecto a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), el aumento del gravamen sobre sus beneficios al 25% aportará 1,2 millones de euros, si bien las deducciones asociadas a estas sociedades podrían alcanzar los 3 millones.
En cuanto al decreto regulador de los contratos, el Ejecutivo sostiene que la emisión de informes de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales no supondrá una ampliación de gasto, al tratarse de una función ya contemplada en la normativa vigente. La memoria concluye indicando que el impacto de algunas medidas, como las reducciones del IRPF para nuevos contratos que bajen el precio del alquiler, dependerá de la distribución efectiva de los arrendamientos y se desplegará de forma gradual.
