Covite denuncia la concesión de terceros grados a los presos de ETA ‘Gadafi’ y Eneko Gogeaskoetxea
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado públicamente la concesión del tercer grado penitenciario a los reclusos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias «Gadafi», y Eneko Gogeaskoetxea por parte del Gobierno Vasco. La organización considera que estas decisiones son «fraudulentas» y representan una «amnistía encubierta» aplicada por el Ejecutivo autonómico a los condenados de la organización terrorista.
Según ha manifestado la asociación presidida por Consuelo Ordóñez, estas medidas de semilibertad se han otorgado sin exigir a los reclusos un arrepentimiento «real, público y verificable». Para Covite, el actual modelo de gestión penitenciaria en el País Vasco no responde a una política de reinserción, sino a un «vaciamiento progresivo de las cárceles» que coincidiría con las demandas de la izquierda abertzale.
El colectivo ha destacado especialmente el caso de Juan Carlos Iglesias Chouzas, responsable, entre otros crímenes, del asesinato del niño de dos años Fabio Moreno. La organización recuerda que el Gobierno Vasco ya le concedió el tercer grado en octubre de 2023, decisión que fue posteriormente revocada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria tras un recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Covite sostiene que la reiteración del beneficio, a pesar de las correcciones judiciales previas, evidencia una «política deliberada».
En su argumentación, la asociación de víctimas cuestiona la validez de las cartas privadas de arrepentimiento que el Ejecutivo de PNV y PSE emplea para sustentar los requisitos legales. Covite subraya que estos escritos carecen de signos objetivos de desvinculación del entorno social y político que justificó la actividad de ETA. En este sentido, aluden a autos recientes del juez José Luis Castro, quien dejó sin efecto beneficios similares a otros presos al considerar que dichas cartas tenían un carácter «instrumental» y se redactaban poco antes de obtener el beneficio penitenciario.
La posición de la organización se apoya en la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, que en 2023 ya señaló que las manifestaciones genéricas de rechazo a la violencia no son suficientes para progresar de grado. Según Covite, el espíritu de la ley se ve «traicionado» cuando la excepcionalidad de la semilibertad se convierte en norma mediante el uso de atajos legales y una motivación que consideran insuficiente.
Finalmente, el colectivo ha solicitado formalmente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que interponga recursos contra estos nuevos terceros grados. La petición insta al Ministerio Público a ejercer con firmeza su función de defensa del derecho a la justicia de las víctimas durante la fase de ejecución de las penas, con el fin de asegurar que el cumplimiento de las condenas se ajuste estrictamente a la legalidad vigente.
