Líderes de 22 países europeos advierten sobre el «efecto llamada» de la política migratoria en España

Los jefes de Gobierno de 22 Estados miembros de la Unión Europea han remitido una carta conjunta a la cúpula de las instituciones comunitarias en la que alertan de que medidas como la regularización masiva de inmigrantes y la limitación de las devoluciones automáticas actúan como «factores de atracción». Los mandatarios vinculan la reciente presión migratoria en Ceuta con la sentencia del Tribunal Supremo español que restringe las denominadas «devoluciones en caliente», considerando que dicha resolución ha sido instrumentalizada para vulnerar el sistema europeo de asilo.

En la misiva, dirigida al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los firmantes solicitan la convocatoria urgente de una videoconferencia de ministros de Interior. El grupo de países manifiesta su disposición a «reforzar o reintroducir controles temporales» en las fronteras interiores del espacio Schengen para prevenir movimientos secundarios, a pesar de que, según el texto, todavía no se han registrado desplazamientos no autorizados desde la ciudad autónoma hacia el resto del continente.

El documento subraya la necesidad de combatir la percepción de que la entrada irregular pueda derivar en una estancia legal definitiva. «No podemos permitir que los cruces masivos descontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas creen la percepción de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea», sostienen los dirigentes. Argumentan que esta situación podría erosionar la confianza en la política migratoria común y generar repercusiones negativas para la estabilidad de todos los Estados miembros.

Los líderes defienden que la Unión Europea tiene la responsabilidad de disuadir la inmigración irregular mediante la coordinación de políticas y el refuerzo de las fronteras exteriores. En este sentido, instan a revisar todas las normativas nacionales que puedan ser interpretadas como incentivos para los flujos migratorios. Algunos de los gobiernos firmantes han planteado un endurecimiento de la respuesta institucional, sugiriendo incluso un seguimiento estricto de las obligaciones fronterizas de los Estados periféricos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Alemania, Italia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia. La carta surge en un contexto de creciente debate en el seno de la Unión sobre la gestión de las crisis fronterizas y la efectividad de las políticas de retorno frente a los desafíos migratorios actuales.