El Gobierno tramitará expedientes individuales para la repatriación de inmigrantes en Ceuta tras el fallo del Supremo
La ciudad autónoma de Ceuta afronta una compleja fase administrativa para la gestión de los miles de inmigrantes que aún permanecen en territorio español tras la entrada masiva registrada en los últimos días de julio. A pesar de que el Ministerio del Interior cifra en más de 53.000 los retornos voluntarios a Marruecos, la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo impide la aplicación de devoluciones inmediatas para quienes acceden por vía marítima, obligando al Ejecutivo a iniciar procedimientos de expulsión individualizados que podrían demorarse meses.
La sentencia de la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, comunicada el pasado 8 de julio, determina que los ciudadanos extranjeros que acceden a las ciudades autónomas a nado no pueden ser objeto de devoluciones instantáneas. Los magistrados argumentan que, al no superar un elemento de contención fronterizo físico, no concurren las circunstancias legales para la repatriación automática. Esta resolución judicial obliga a la administración a seguir el cauce ordinario de la Ley de Extranjería, que incluye la identificación, la asistencia letrada y la posibilidad de presentar alegaciones.
Ante este escenario jurídico, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comprometido el uso de «todos los recursos del Estado» para garantizar la seguridad y restablecer el orden. Entre las medidas anunciadas destaca la instalación de boyas en el mar para que actúen como delimitación fronteriza, así como la disposición a estudiar una reforma de la Ley de Extranjería que permita adaptar la normativa a la doctrina del Supremo. El Ejecutivo ha calificado los hechos ocurridos como una vulneración de la integridad territorial de España.
Por su parte, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha manifestado que, pese al inicio de los retornos, Ceuta no ha recuperado la normalidad. Las autoridades locales estiman que entre 5.000 y 7.000 personas en situación irregular permanecen en la ciudad, muchas de ellas fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que se encuentra saturado al haber superado su aforo de 512 plazas. Vivas ha solicitado un plan urgente para evitar el colapso de los servicios públicos y paliar la inquietud de la población local.
La tramitación de los expedientes de expulsión supone un reto logístico para la Delegación del Gobierno en Ceuta. Cada proceso requiere la intervención de la Policía Nacional para la identificación y la asignación de abogados de oficio e intérpretes. Fuentes jurídicas advierten de que la falta de personal en las oficinas de extranjería y la eventual solicitud de asilo por parte de los afectados podrían paralizar las repatriaciones. En caso de recurso judicial, el proceso de expulsión definitiva podría demorarse de dos a tres años.
Mientras se clarifica el encaje legal para agilizar los retornos, patrullas de la Policía Local y efectivos militares mantienen la vigilancia en las calles de la ciudad. El Gobierno mantiene la colaboración con las autoridades de Marruecos, que el pasado sábado facilitaron decenas de autobuses para el traslado de cientos de personas desde la localidad fronteriza de Fnideq, en un intento por rebajar la presión migratoria en el entorno de la valla y el espigón de Ceuta.
