CSIF reclama la intervención de la UE en Ceuta y el fin del recorte salarial de 2010 ante el Constitucional

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado una ofensiva institucional y jurídica para abordar dos cuestiones críticas de la agenda pública: la crisis migratoria en Ceuta y la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010. El sindicato elevará sus peticiones a las autoridades de Bruselas la próxima semana y ha instado formalmente al Tribunal Constitucional a resolver el recurso pendiente sobre la pérdida retributiva de los empleados públicos, cuyo impacto económico calculan en 48.000 millones de euros.

En el marco de la acción internacional, el presidente de la organización, Miguel Borra, tiene previsto viajar a Bruselas durante la semana del 21 de septiembre. A través de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI), el sindicato solicitará que la Unión Europea active el reglamento comunitario ante crisis migratorias para cooperar con España mediante la dotación de medios técnicos y humanos. Según Borra, la situación en la ciudad autónoma sobrepasa la capacidad local y afecta a la estabilidad del conjunto de los Estados miembros.

Como paso previo a la cita europea, la dirección del sindicato visitará Ceuta el próximo jueves para mantener encuentros con representantes de todos los sectores de la administración pública, así como con la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios local. El objetivo de estas reuniones es trasladar de primera mano a las instituciones comunitarias las necesidades y exigencias de los trabajadores afectados por la presión migratoria en la frontera sur de Europa.

En la vertiente jurídica, CSIF ha urgido al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre el recurso presentado contra la Mesa del Congreso por el rechazo a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Dicha iniciativa buscaba recuperar la estructura salarial de las pagas extraordinarias previa a 2010, recortada bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. La central sindical argumenta que, 16 años después, el recorte se ha integrado de forma permanente pese a haber desaparecido las circunstancias económicas excepcionales que lo motivaron, lo que supone una merma media anual de 1.000 euros por empleado público.

La organización ha revelado que el Ministerio Fiscal ha emitido un informe favorable en este proceso, subrayando que una medida excepcional no puede consolidarse de manera indefinida sin una justificación suficiente. Desde CSIF confían en un fallo favorable que no solo afecte a las retribuciones, sino que también determine el alcance del derecho de participación política de la ciudadanía a través de las futuras ILP.

En cuanto a la negociación colectiva, el sindicato ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública la reactivación del Acuerdo Marco firmado en noviembre de 2025. Este compromiso garantiza una subida salarial del 5% para el ejercicio 2027, con un desglose que incluye un 0,5% variable vinculado a la inflación y efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. La organización considera imperativo que se ejecuten estas medidas para frenar el deterioro de los servicios públicos.

Finalmente, CSIF ha avanzado un calendario de movilizaciones en diversos sectores debido al «malestar laboral» y la falta de refuerzo en las plantillas. En el ámbito educativo, no descartan la convocatoria de una huelga para el inicio del próximo curso, con una primera concentración fijada para el 15 de septiembre frente al Ministerio de Educación. En Correos, tras las protestas de esta semana, se han programado nuevas acciones para los días 17 y 30 de septiembre, mientras que en los sectores de Justicia y Sanidad se reclama un plan nacional de choque para reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales.