En el ámbito de la política existe una regla no escrita, pero reiteradamente comprobada: cuando un gobierno no logra persuadir, recurre a la imposición. Eso es precisamente lo que se evidencia con la declaratoria de la denominada emergencia económica. Lejos de constituir una respuesta a una crisis súbita o imprevisible, se trata del último recurso de un Ejecutivo que ha perdido el rumbo, el respaldo político y la capacidad de conducir la gestión pública dentro de los cauces democráticos.
Dicha declaratoria no surge de un hecho extraordinario. No se ha presentado un colapso externo ni una circunstancia imprevista que justifique la adopción de medidas excepcionales. Lo que subyace es un problema de carácter estructural que el propio Gobierno ha contribuido a profundizar: un marcado desorden fiscal, una sostenida pérdida de confianza y una evidente incapacidad para construir mayorías en el Congreso. Frente a este escenario, el presidente opta por el atajo institucional: imponer por decreto aquello que no logró tramitar por las vías ordinarias ni consensuar en el debate democrático.
Lo más grave —y aquí radica el núcleo del problema— es que el Gobierno es plenamente consciente de la fragilidad jurídica de esta figura. No se trata de un error de interpretación constitucional ni de una lectura ingenua del ordenamiento jurídico. Se trata de una decisión deliberada y calculada, con un objetivo político definido: forzar decisiones económicas aun sabiendo que la Corte Constitucional podría invalidarlas posteriormente. Para entonces, sin embargo, el mensaje político ya habrá sido transmitido y los efectos económicos, producidos.
Esta forma de gobernar erosiona de manera profunda la institucionalidad. La figura de la emergencia económica no fue concebida para subsanar errores de gestión ni para suplir derrotas legislativas. Su uso indebido rompe el equilibrio de poderes, reduce al Congreso a un papel meramente ornamental y desnaturaliza el principio de separación de funciones. Cuando el Ejecutivo asume que el debate democrático es un obstáculo y no una obligación constitucional, se transita por una senda peligrosa para el Estado de Derecho.
A ello se suma una contradicción insalvable: el propio Gobierno reconoce que los problemas fiscales son de carácter estructural, pero al mismo tiempo los presenta como una urgencia sobreviniente. Ambas afirmaciones no pueden ser ciertas de manera simultánea. Los problemas estructurales exigen planeación, deliberación y reformas de fondo; las situaciones extraordinarias, en cambio, habilitan medidas excepcionales. En este caso, no hay emergencia: hay improvisación.
No se trata únicamente de un yerro jurídico, sino de una profunda irresponsabilidad política. Este proceder genera inseguridad jurídica, desalienta la inversión y refuerza la percepción de que en Colombia las reglas fiscales se modifican según la conveniencia del gobierno de turno. Ninguna economía puede crecer de manera sostenida cuando las decisiones fiscales se adoptan por decreto y bajo presión.
La emergencia económica, utilizada de esta manera, no solo no resuelve el problema fiscal, sino que lo agrava. Afecta al sector productivo, frena la generación de empleo y termina trasladando los costos a los ciudadanos, aquellos mismos que el discurso oficial afirma proteger. No hay un ajuste serio del gasto, no se observa una reducción del tamaño del Estado ni existe autocrítica. Solo más impuestos y una creciente concentración de poder en el Ejecutivo.
Gobernar no es improvisar ni imponer. Gobernar implica anticiparse, dialogar y respetar los límites del poder. Hoy resulta evidente que el problema de fondo no es la escasez de recursos, sino la falta de dirección. Mientras se continúe confundiendo autoridad con imposición, el país seguirá pagando el costo de un desgobierno que privilegia el decreto sobre el consenso y la fuerza sobre la responsabilidad democrática
