Nuevas contradicciones en el caso Negreira: el informe Pelícano 2.0 señala discrepancias en la versión de Joan Laporta

El informe anónimo denominado «Pelícano 2.0», que actualmente se encuentra bajo análisis de la FIFA y la UEFA, ha revelado una serie de contradicciones entre las declaraciones judiciales del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y las cuentas públicas de la entidad deportiva. El documento analiza la estrategia jurídica y fiscal del club en relación con los pagos realizados a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Según el dossier, Laporta sostuvo ante la Fiscalía que el club aceptó firmar en conformidad un acta con la Agencia Tributaria por valor de un millón de euros debido a la inexistencia de informes físicos que justificaran los pagos a Negreira. El mandatario alegó que esta decisión se tomó dentro de un «acuerdo global» con Hacienda para evitar riesgos económicos mayores en un momento de delicada situación financiera para el club. Sin embargo, los registros contables de la institución contradicen la existencia de dicho pacto de no agresión fiscal.

Las cuentas oficiales del FC Barcelona correspondientes al ejercicio 2021/2022 reflejan que el 21 de julio de 2021, la misma fecha en la que se aceptó la sanción de un millón de euros por el caso Negreira, los servicios jurídicos del club firmaron actas en disconformidad por un importe de 15,7 millones de euros por otros conceptos impositivos. Esta diferencia en el proceder procesal cuestiona la tesis del «acuerdo global», dado que el club decidió litigar por las cuantías superiores mientras aceptaba la resolución administrativa en el expediente vinculado al exvicepresidente de los árbitros.

El informe Pelícano 2.0 destaca que la firma de un acta «en conformidad» supone una aceptación total de los hechos propuestos por la inspección tributaria. En este caso, la aceptación de que los pagos eran una «liberalidad» —es decir, gastos no justificados documentalmente— sirvió como base indiciaria para que Hacienda remitiera la denuncia a la Fiscalía en abril de 2022, al encontrar indicios de un posible delito penal tras haber solicitado previamente contratos y entregables que el club reconoció no poseer.

La investigación también pone el foco en el papel de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su responsabilidad ante la UEFA. Para que un club dispute la Champions League, la federación nacional debe avalar el «Anexo H», un certificado de elegibilidad que garantiza que la entidad no ha participado en actividades destinadas a influir en los resultados de las competiciones. La RFEF, que actúa como acusación particular en el proceso penal al considerarse perjudicada, continúa certificando anualmente la pulcritud del club blaugrana para su participación europea.

Por su parte, el FC Barcelona ha manifestado a través de sus canales oficiales el desconocimiento absoluto sobre el contenido y la autoría del informe Pelícano 2.0. Fuentes de la entidad catalana han señalado que, al encontrarse el caso en fase de instrucción judicial, las explicaciones pertinentes se seguirán facilitando ante el órgano judicial correspondiente y los organismos competentes que así lo requieran.

El caso Negreira investiga los pagos de 8,4 millones de euros realizados por el FC Barcelona a Enríquez Negreira entre 2001 y 2018. Aunque un informe de la Agencia Tributaria de marzo de 2022 indicó que no se pudo acreditar documentalmente que el dinero se utilizara para alterar resultados deportivos, la justicia mantiene abierta la investigación bajo la sospecha de corrupción deportiva y administración desleal, en un proceso que recientemente ha determinado que el estado de salud de Negreira le impide ser juzgado.