Cuerpo apela a la responsabilidad de las comunidades para el reparto de menores y descarta el conflicto judicial
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha manifestado este miércoles su confianza en que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular cumplan con la legalidad vigente respecto al acogimiento de menores migrantes procedentes de Ceuta. Durante una entrevista en Televisión Española, el titular de Economía ha subrayado la importancia de evitar litigios jurídicos y ha apelado a la solidaridad interterritorial para aliviar la presión migratoria en las fronteras españolas.
Ante las reticencias expresadas por diversos sectores de la oposición, Cuerpo ha señalado que el cumplimiento de la ley no debe ser objeto de debate político. «Se trata de cumplir la ley, y es lo que espero que haga todo el mundo que tenga algún tipo de responsabilidad, ya sea al frente de una comunidad autónoma o del Gobierno», ha afirmado el ministro, quien confía en que no sea necesario recurrir a instancias judiciales para garantizar la ejecución del reparto de menores.
El representante del Ejecutivo ha vinculado la postura de las autonomías del PP con la estabilidad de sus pactos de gobierno con Vox. Según el análisis de Cuerpo, el temor a nuevas rupturas en las coaliciones autonómicas —similares a las que motivaron crisis de gobierno anteriormente— estaría condicionando la disposición de los líderes regionales para colaborar en la gestión migratoria. En este contexto, ha instado a los responsables políticos a mantener la coherencia con los mensajes de solidaridad transmitidos durante las recientes visitas de la dirección nacional del PP a la ciudad autónoma de Ceuta.
La propuesta gubernamental busca establecer un sistema de distribución basado en criterios objetivos que permita reducir la carga asistencial en los puntos de mayor presión, fundamentalmente en Canarias, Ceuta y Melilla. Cuerpo ha defendido la gestión del Gobierno en esta materia, calificando de fundamental la corresponsabilidad de todos los territorios para afrontar un fenómeno que afecta a la integridad del sistema de acogida nacional.
Por otro lado, desde el Partido Popular, dirigentes como el secretario general Miguel Tellado han mostrado sus reservas ante el procedimiento planteado por el Ministerio, cuestionando la capacidad de las comunidades para absorber nuevos contingentes sin una financiación y planificación adecuadas. Esta discrepancia se suma a la denuncia que la formación popular ha elevado a las instituciones europeas, donde critican lo que consideran una falta de protección de la soberanía nacional en las fronteras terrestres de la Unión.
La situación en Ceuta, tras las recientes entradas masivas de inmigrantes, ha reactivado la urgencia de un acuerdo que, por el momento, permanece supeditado a la negociación entre el Gobierno central y las administraciones autonómicas en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
