martes, noviembre 17, 2026
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¿Deben actuar los cuerpos nacionales en el País Vasco?

El Partido Popular denuncia la falta de garantías de seguridad para sus candidatos en el País Vasco

El Partido Popular ha manifestado su preocupación tras recibir comunicaciones de la Ertzaintza en las que la policía autonómica vasca advierte de la dificultad de garantizar la seguridad total de sus candidatos en determinados entornos del País Vasco. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo sostiene que la protección actual es insuficiente ante el incremento de episodios de hostigamiento registrados en los últimos días.

La denuncia surge a raíz de incidentes como el sufrido recientemente por Jon Echeverría en Hernani, donde el candidato fue objeto de actos de acoso. Esta situación ha provocado un cambio inmediato en la agenda estratégica de la dirección nacional del PP; el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha modificado sus compromisos previos para desplazarse a la localidad de Eibar con el fin de arropar a sus compañeros de formación y denunciar las limitaciones al ejercicio de la actividad política en libertad.

Desde las filas populares se rechaza la posibilidad de regresar al modelo de contratación de seguridad privada para sus representantes, una práctica que consideran un retroceso en los estándares democráticos y en la normalización política de la región. El partido insiste en que la competencia y la obligación de salvaguardar el normal desarrollo de los actos electorales recae exclusivamente en la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco, a la que exigen medidas contundentes para evitar que ningún candidato deba renunciar a sus derechos por la presión de grupos violentos.

El escenario ha reabierto el debate sobre la coordinación de las políticas de seguridad en el territorio vasco. Ante la presunta incapacidad de los recursos autonómicos para contener estos focos de intolerancia, se plantea la cuestión de si deben intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reforzar la protección de los representantes políticos y asegurar la integridad del proceso democrático.

A pesar de la desaparición de la violencia terrorista organizada hace más de una década, los últimos acontecimientos subrayan la persistencia de dinámicas de coacción en ciertos municipios. Las instituciones y los diversos actores políticos se encuentran ahora ante el reto de garantizar que la campaña electoral transcurra sin incidentes que comprometan la libertad de expresión y de reunión de todas las siglas que concurren a los comicios.

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